La Justicia Federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el aeropuerto de Ezeiza, abrió una investigación para establecer las causas de la falla en las comunicaciones que el lunes obligó a la cancelación de todos los vuelos en esa estación aérea, en el Aeroparque Metropolitano y en el Aeródromo de San Fernando. Mientras en forma oficial se ratificó que el problema se debió a la caída del sistema de computación central que comunica a los tres aeropuertos con los aviones en vuelo, seis gremios aeronáuticos calificaron de “sospechosa” la situación planteada y pidieron que se investigue a diez controladores “de origen militar” con “claras intenciones de sabotear” a las aerolíneas estatales para “favorecer un clima privatista”. Los gremios aseguraron que el inconveniente se produjo tres días después de que se reunieran con el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, para advertirlo sobre la posibilidad de un sabotaje.

Según los sindicalistas, esos controladores se estarían desempeñando “bajo la órbita del Ministerio de Defensa” y han dejado “claras sus intenciones de sabotear el buen funcionamiento de las empresas estatales”. Precisaron, en una denuncia que fue puesta en conocimiento del juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina, que se trata de controladores que “perciben sus salarios de la Fuerza Aérea” y que, por lo tanto, “tienen estado militar”.

Los gremios firmantes son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.

Algunos especialistas señalaban la coincidencia entre el comienzo del inconveniente con el sistema de computación y el arribo, a Santiago, Chile, del avión que llevó desde Brasil al presidente Barack Obama. En apoyo a esa teoría recordaron que las extremas medidas de seguridad que siempre acompañan al presidente norteamericano habrían provocado inconvenientes similares en aeropuertos africanos, durante una visita oficial a países de ese continente, en julio de 2009.

Sobre la posibilidad de que lo ocurrido el lunes haya sido un sabotaje, como denunciaron seis gremios, Página/12 consultó al presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, César Salas. “Un caso como el de ahora no ocurrió nunca en los 25 años que llevo trabajando como controlador aéreo y ante un caso así, no se puede descartar ninguna posibilidad”, afirmó Salas. Lo que cuestionó el dirigente es que en esta ocasión “no hubo un plan de contingencia, un plan B, cuando se desconfiguró el sistema de comunicación. Tiene que haber un plan alternativo para que los aviones puedan seguir operando. No puede ser que se tengan que parar todas las actividades”.

Salas insistió en que es “una debilidad muy grande del sistema”. Luego explicó que, según la información oficial, lo que sucedió es que “fallaron la computadora central y los dos back up que deben reemplazar el sistema central en caso de emergencia”. La explicación que se dio es que la primera computadora con el sistema “voice switching” con el que cuenta la torre de control estaba siendo actualizada por una empresa francesa. Quedaban el primero y el segundo back up, pero los dos fallaron en forma simultánea, en uno de los casos porque tenía un software del año 1998.

Salas explicó que los servicios pudieron reanudarse el lunes, cerca de las 20, porque se estableció una comunicación con el aeropuerto de Montevideo. “Recién entonces se pudieron sacar vuelos vías Montevideo, pero esa solución tenía que haber estado prevista de antemano, como plan B, y no tener que esperar varias horas como hubo que esperar. Si eso fuera una norma, no se hubiera tardado tanto.” De todas formas, Salas no descartó la posibilidad de que se haya tratado de un sabotaje.

Explicó, en ese sentido, que hay “una situación muy virulenta, de mucha tensión, entre gremios que se disputan la representación de los controladores aéreos y eso contribuye a que se produzcan situaciones que perjudican el servicio”. Por esa razón consideró que “es necesario que se haga una investigación a fondo para saber lo que realmente pasó”. Comentó que, a diferencia del transporte terrestre, donde debería producirse una gran movilización para interrumpirlo en forma total, en los aeropuertos “basta con que dos controladores, en la zona central (Ezeiza, Aeroparque) se pongan de acuerdo, para que ese boicot sea posible”.

Ricardo Cirielli, de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), no adhirió a las denuncias de sabotaje y deslindó toda responsabilidad de su sector en lo ocurrido: “Cuando nosotros hacemos un paro lo decimos”, aclaró.