Un nuevo traspié sufrió la defensa de los familiares de María Marta García Belsunce. Al rechazo de la Cámara de San Martín a aceptar a Carlos Carrascosa como víctima de la muerte de su mujer, ayer se sumó la decisión del juez de San Isidro, Diego Barroetaveña, de que el fiscal Diego Molina Pico continúe al frente de las investigaciones por encubrimiento que tiene como imputados a cinco miembros de la familia, dos amigos, un médico y una masajista. Los familiares acusaban a Molina Pico de no ocupar una posición objetiva ya que había participado del velorio como testigo; de no asentar en actas su presencia en el lugar, y de iniciar la investigación recién dos días después. Barroetaveña respondió que Molina Pico fue al velorio como funcionario, convocado por el fiscal de Casación Juan Romero Victorica; que no tomó medidas urgentes porque nadie en el chalet del Carmel le habló de otra cosa que no fuera el accidente en la bañera; y que cuando pidió el certificado de defunción, la familia dijo que estaba en la funeraria. Ayer fue un día aciago para los acusados: el fiscal de Cámara de San Isidro, Julio Novo, presentó a los camaristas un dictamen en el que insistió en que los acusados de encubrimiento sean detenidos.
El 13 de enero pasado, poco después de tomar testimonio a dos amigas íntimas de María Marta que señalaron serias sospechas sobre las actitudes de la familia, el fiscal Diego Molina Pico consideró reunidas pruebas suficientes y elevó a Barroetaveña nueve pedidos de detención por el encubrimiento del homicidio: contra Carlos Carrascosa, Horacio García Belsunce (hermano de María Marta), Guillermo Bártoli (cuñado), Constantino y Juan Carlos Hurtig (padrastro y medio hermano), los amigos y vecinos del Carmel Sergio Binello y Nora Taylor, el médico Juan Gauvry Gordon (ordenó limpiar la sangre) y la masajista Beatriz Michelini (limpió las manchas de sangre). Los tres primeros y el médico ya habían pedido la eximición de prisión en diciembre y Barroetaveña la concedió por tratarse de un delito excarcelable. Del resto, el juez rechazó los pedidos de detención. Molina Pico apeló, pero el caso se estiró en plena feria judicial.
Ayer, el fiscal general, Julio Novo, confirmó ante la Cámara los pedidos de detención, pero agregó algunos detalles que revelan el punto de vista de los investigadores: si bien el encubrimiento es un delito excarcelable, Novo subrayó los agravantes (un grupo de personas que se dividieron tareas con el fin común de eludir a la Justicia) apelando al Código de Procedimientos que habilita a desestimar la excarcelación en un caso semejante. Para colmo, Novo separó de ese grupo al médico y la masajista, a quienes les otorgó la excarcelación por una fianza, y no al resto. De ese modo, todas las suspicacias se concentraron sobre los cinco familiares que participaron del cónclave del “pituto” y de la decisión de arrojarlo al inodoro, y sobre los amigos acusados de intentar evitar la intervención policial.
Ahora, la Cámara de Apelaciones de San Isidro deberá decidir si corresponde o no efectivizar las detenciones. Los defensores de la familia, José Scelzi y Marcelo Nardi, ya solicitaron una audiencia para plantear su posición oralmente. “Esto va para largo –dijo a este diario una fuente judicial–. A los defensores les conviene estirar el caso. La audiencia no va a ser antes de la semana próxima. Y después van a votar los jueces.” Para tranquilidad de Carrascosa y flia., la fuente anticipó que “parece difícil que rechacen las eximiciones”.
Ayer, entretanto, desde el juzgado 1 de Garantías, Barroetaveña resolvía mantener a Molina Pico al frente de la causa por encubrimiento. Scelzi y Nardi pretendían su separación porque consideraron que durante el velorio de María Marta fue testigo y no fiscal, ya que no había hecho constar en actas su presencia. “Es un error del fiscal –confió una fuente judicial-, pero la defensa apela a una formalidad. La intervención del fiscal aparece clara a lo largo del expediente.” Los defensores señalaron, además, que la investigación recién fue abierta dos días después. Resultó sugerente que el pedido de recusación hubiera surgido después de 90 días de ocurrida la muerte, curiosamente cuando el fiscal arremetía contra la familia con la sospecha del encubrimiento. Hasta ese momento, el expediente avanzaba tanteando en la oscuridad, por carriles que parecían resultar más aceptables o al menos no tan incómodos para los familiares, pese a que en diciembre habían asegurado que “la lógica indica que somos todos sospechosos”, como afirmara Horacito García Belsunce apenas saltó el caso a la opinión pública.
Barroetaveña fundamentó su resolución en que Molina Pico se presentó en el Carmel como fiscal, informado del caso por Degastaldi, a quien convocó Romero Victorica. “¿Tomó conocimiento del delito?”, se preguntó el juez en su resolución. “No –responde el magistrado–. No adquirió noticia del hecho delictuoso.” Cabe recordar que el fiscal se presentó en el Carmel el 28 de octubre al mediodía. Allí se encontró con Romero Victorica, quien previamente había mencionado sus dudas al comisario Angel Casafús. “Pero Casafús no se comunicó con Molina Pico”, sostuvo el juez. Y, como informaron fuentes del caso a este diario, el propio Romero Victorica tomó por el hombro al fiscal como si fuera un amigo, lo apartó del resto y le dijo: “Me fui de boca, pibe, acá no pasó más que un lamentable accidente”. Esa versión es la que creyó Molina Pico, y la que aceptó el juez para considerar que el fiscal no tenía idea de que allí no hubiera más que un accidente.
Barroetaveña además recordó que el fiscal pidió a la familia la partida de defunción y no se la entregaron “porque la tenía en su poder la funeraria”. “En ningún momento nadie le permitió dudar sobre la causal de la muerte (accidental) –prosiguió el juez–, por lo que no estaba obligado a tomar medidas inmediatas.”
Un capítulo aparte para la retórica de la defensa: “Desde luego son absolutamente férreas –sostuvo Nardi tras notificarse de la resolución– las razones que nos han conducido, como lo dijimos en la audiencia de recusación, a inocular a este sumario mayores dosis de justicia”. En castellano, apelarán para que aparten a Molina Pico. “Lo más probable -anticipó una fuente judicial a este diario– es que la Cámara conceda la recusación y lo aparte. La actuación del fiscal tiene muchos vicios.”