SOCIEDAD › EL GOBIERNO PORTEñO NO PAGA EL ALQUILER DE UN EDIFICIO DE UNA PRIMARIA
A raíz del atraso en el pago del alquiler por parte de la ciudad, los dueños del edificio donde funciona la escuela 21 de Floresta lo pusieron en venta. La inmobiliaria quiso poner un cartel y las autoridades del colegio lo impidieron.
Dos terrenos de la escuela primaria Nº 21 del DE 11 María Sklodowska de Curie, del barrio porteño de Floresta, están a la venta. Los dueños de la propiedad tomaron esa decisión porque el Gobierno de la Ciudad no pagó el alquiler desde agosto pasado del edificio al que asisten 350 chicos a clases y en el que también funciona un jardín de infantes. La comunidad educativa exige que la administración macrista salde de inmediato la deuda, porque en caso de venderse dejaría de funcionar gran parte de la escuela. A pesar de los reclamos, ni los dueños ni los docentes recibieron una respuesta oficial. En caso de una venta, los educadores temen que el terreno se utilice para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en la zona, y así las aulas cerrarían sus puertas.
La escuela estatal está emplazada sobre tres terrenos, ubicados en Mariano Acosta 1059, 1065 y 1071: son tres casonas antiguas –el edificio cumple el primer centenario este año– que se juntaron y se transformaron en un solo centro educativo, por el cual el Gobierno de la Ciudad paga un alquiler mensual. Los dueños de los inmuebles de Mariano Acosta 1059 y 1065 decidieron poner el predio a la venta, dado que desde agosto del año pasado el gobierno macrista “no paga el alquiler”, según contaron a Página/12 desde esa comunidad educativa. Hasta ahora, desconocen la situación de la tercera vivienda.
En marzo, con el inicio de las clases, un vecino descubrió en los clasificados de un diario el aviso de la venta de la escuela. De forma inmediata, cientos de familias llamaron a la inmobiliaria para confirmar la veracidad de la oferta de esos terrenos. Era cierto. Según pudo averiguar Página/12, un predio sobre esa calle en 600 mil dólares (2,5 millones de pesos) es ofrecido por la inmobiliaria Lema, que ya recibió al menos dos ofertas de compra por esos espacios. Por su parte, la oficina tiene una autorización de venta por 250 días por parte de los dueños.
Los propietarios de los lotes realizaron una presentación en diciembre del año pasado al Ministerio de Educación porteño, según consta en nota Nº 1517330-10, para reclamar el pago atrasado. Sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta. Frente a la inminente venta, desde el gremio docente UTE también hicieron un reclamo a la cartera educativa, aunque también aún esperan una solución al conflicto. “Los dueños le hicieron un poder a la inmobiliaria para vender. Lo publicaron en el diario y hasta intentaron poner un cartel de venta en la fachada de la escuela, pero los directivos no les permitieron”, contó Paula Galiciana, delegada distrital de UTE-Ctera. Ante este escenario, los vecinos, docentes y familias realizarán un acto de protesta en los próximos días en “defensa al derecho social a la educación” de los chicos de Floresta.
A pesar de que la división de los terrenos se nota desde la fachada, todos están unidos en el interior del establecimiento, por lo que si se “vende uno, no puede seguir funcionando la escuela”, explicó Galiciana. El sector en venta tiene el jardín de infantes, el patio, la sala de maestros, el salón de actos, una de las salidas de la escuela y varias aulas de primaria. En la parte que queda a salvo hay unas pocas aulas y la dirección. “Los lotes adentro están unidos, no pueden tabicar una parte de la escuela y seguir funcionando, porque no entrarían los chicos del lado que quedaría”, describió la delegada distrital.
La comunidad educativa tiene miedo de que el posible comprador no deje seguir funcionando la escuela. Por eso, la mirada está puesta en la hipótesis de que se comprará para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. En ese sentido, la propiedad –que tiene un FOT 1.2 (factor de ocupación del terreno, la superficie total que se puede construir sobre determinado lote)– habilitaría la construcción de un edificio de unos cinco pisos. En una supuesta venta, las partes rescindirían el contrato por falta de pago y los inquilinos, los estudiantes, deberían abandonar el predio. Pero al tratarse de una escuela hay un abanico de posibilidades para frenar la venta.
“El gobierno de la Ciudad debe sostener lo que en 100 años ha sido un lugar para la educación pública. Si los dueños quieren venderlo, el gobierno debe evitar la compra para que siga funcionando la escuela”, señaló el legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna. En la Legislatura porteña, el diputado presentó la semana pasada un proyecto para la compra de esos terrenos y, según precisó, el próximo martes se tratará en la Comisión de Educación. “Hay una irresponsabilidad de no haber sostenido el pago. Denunciamos una vez más, por parte del Ministerio de Educación y el gobierno de Mauricio Macri, un desdén sobre el derecho social de la educación”, manifestó Nenna.
Desde UTE también se contempla la sanción de una ley de expropiación de la escuela centenaria a favor de la comunidad. Otro camino es el pago total de la deuda que posee el gobierno de Macri con los propietarios. Aun así, los dueños podrían iniciar acciones judiciales por el incumplimiento. Mientras tanto, los chicos de la primaria Nº 21 van a clases en un edificio en venta.
Informe: Soledad Arréguez Manozzo.
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