A un mes de la toma de las viviendas sociales construidas por el gobierno porteño en el Bajo Flores, salta a la vista cierta flexibilidad en los controles de la Policía Metropolitana y de la Federal también. Algunos ocupas salen y entran al predio, bajo la atenta mirada de los uniformados. Mientras tanto, sigue en pie la orden de desalojo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que el gobierno nacional no lleva adelante por considerar que se trata de la jurisdicción de la Ciudad, mientras las autoridades porteñas aseguran que la policía Metropolitana todavía no es apta para cumplir esta tarea.

“Alguna gente se fue, pero la mayoría se quedó. Yo tengo a mis dos hijas ahí y una está embarazada, a esa por lo menos la dejan salir para ir al hospital si muestra los documentos”, comenta Beatriz Alvarez. En el descampado que precede a las viviendas, destinadas en parte a las familias que viven a la vera del Riachuelo, no se ve a los chicos jugando a la pelota ni a sus madres lavando ropa. Sobre una calle lateral que da a la química Diprofarma, un grupo de ocupas entra en fila al predio.

A una cuadra del predio, en la avenida Castañares, dos mujeres jóvenes y un señor ¿descansan? en una camioneta del BAP (Buenos Aires Presente). Están de guardia, dice una de ellas y pide preservar su identidad. “Estamos acá por si se hace el desalojo. En ese caso, la gente quedaría en situación de calle y ahí actuamos nosotros”, detalla su compañera. Según la información que manejan, los ocupas siguen negándose a ser censados, un requisito del gobierno porteño para iniciar cualquier negociación.

La presencia de la Policía Metropolitana, a diferencia de lo que ocurría al principio de la toma, se multiplicó. Ocho oficiales de esta fuerza, distribuidos en dos retenes, se ocupan de desviar el tránsito en la avenida Castañares y Perito Moreno. “La orden la bajaron del comando central”, dice uno, mientras pasan autos particulares con policías federales y camiones del Ceamse, los únicos autorizados. A 50 metros están los pabellones, rodeados de agentes de la Metropolitana, que superan ampliamente a sus colegas de la Federal, quienes vienen de noche por si “se pudre”.

En lo judicial no hubo demasiados avances. Armella sigue firme en su postura de desalojar, amparándose en la amplia competencia que le dio la Corte Suprema de Justicia nacional para controlar al Acumar, el ente encargado de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y que está conformado por los gobiernos de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y la Nación.

La causa penal por usurpación, un delito que fue trasladado a la Justicia porteña, fue derivada al Juzgado Nacional en lo Criminal de Primera Instancia 21. Más allá de esto, ninguna de las dos fuerzas policiales tiene órdenes de desalojar el predio.

“Nosotros estamos acá para que no se meta más gente. Y también damos una mano manejando los móviles hasta el comedor comunitario que aporta comida. La cargamos en el patrullero y la traemos para acá. De hecho, la cocinera está en la toma y nosotros la traemos y la llevamos”, dice el oficial Pérez Bosco, de la división “Bri” de la Metropolitana, una división antidisturbios que todavía no fue presentada oficialmente. Al lado de él, otro oficial asegura que la división no entró en acción “porque todavía falta la ropa de fajina”.

“¿Y cómo es la relación con los ocupas?”, pregunta Página/12. Pérez Bosco dice que es buena, pero que de vez en cuando tiran piedras, y muestra las abolladuras en el patrullero. A pocos metros, un grupito de la Federal cuchichea por lo bajo mientras toma mate sentado en un tablón sostenido por dos tachos de pintura. “No sabemos bien qué tiene que hacer cada fuerza policial”, dice uno de los federales y otro lo retruca: “Yo sí sé. Estamos para cuidar a la Metropolitana”.

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