Aunque nunca dejaron de existir, las multas fotográficas están de regreso y vuelven con todo. Es que el gobierno porteño extendió la concesión de las empresas encargadas del control de infracciones en toda la ciudad, como una manera de intensificar la sanción de las faltas a las normas de tránsito. Como contrapartida, las autoridades prometen una fuerte campaña de educación vial para prevenir a los eventuales infractores. En esta nueva etapa, las cámaras enfocarán hacia los autos que crucen con el semáforo en rojo o superen la velocidad máxima permitida, especialmente en las vías rápidas, y también a los vehículos mal estacionados pero sólo en las zonas conflictivas. Las dos empresas concesionarias, que antes recibían una suma fija por multa cobrada, ahora tienen un ingreso garantizado por foto repartida a domicilio. Eso sí, no podrán hacer más de 100.000 infracciones mensuales cada una, y sólo en los sitios que le fije la Subsecretaría de Transporte porteña. Para el gobierno, el objetivo es “cambiar conductas, aumentar el respeto a las normas y disminuir la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito”.
El sistema de multas fotográficas comenzó a implementarse en 2000 y a poco de iniciarse estalló un conflicto, cuando las actas de infracción comenzaron a llegar en forma masiva, muchas de ellas con graves fallas e irregularidades. El sistema fue suspendido y reimplantado al año siguiente con algunas reformas. “El año 2002 el gobierno tomó la decisión de disminuir la cantidad de infracciones fotográficas debido al alto nivel de conflicto social. Era necesario no crear nuevos focos de conflicto cuando la gente estaba en la calle porque había sido despojada: sólo se mantuvo el control de exceso de velocidad y violación de luz roja”, explicó a Página/12 la directora de Seguridad Vial, Leticia Piris.
Las cosas cambiaron a partir de este mes. El 31 de enero, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, firmó el decreto que aprueba un nuevo convenio celebrado entre la ciudad y las empresas concesionarias, Meller y Siemens Itron. De acuerdo con este convenio, las empresas, que hasta ahora controlaban las infracciones por mal estacionamiento desde la avenida Rivadavia hacia el norte, amplían su área de influencia a toda la ciudad. “Pero sólo lo harán por cuenta y orden de la Subsecretaría de Transporte, en las calles y avenidas que la autoridad le indique”, aclaró Piris. “Y una semana antes de comenzar con las infracciones fotográficas, debe hacer una campaña de difusión colocando volantes en los parabrisas de los autos mal estacionados”, agregó.
Según explicó la funcionaria, los controles se adecuarán teniendo en cuenta distintas prioridades:
- La primera, en las vías más peligrosas: autopistas y avenidas rápidas, como Libertador, Lugones, Figueroa Alcorta, Roca y Fernández de la Cruz (estas dos últimas, hasta ahora sin control). Allí se controlará especialmente el exceso de velocidad (la máxima es de 100 kilómetros por hora).
- En un segundo nivel, en las avenidas y calles troncales que son vías de acceso y distribución en la ciudad: San Juan, Corrientes, Córdoba, Huergo, Salguero, Medrano, por ejemplo. Allí, se buscará liberar de obstáculos al tránsito, por lo que se privilegiarán las infracciones por mal estacionamiento, aunque también se harán actas por violación de luz roja o exceso de velocidad (60 kilómetros por hora en avenidas, 40 en calles).
- En tercer lugar, se controlarán avenidas y calles con menor flujo pero que interconectan distintos barrios y sirven de alternativa a la red troncal, cuando ésta se congestiona.
- Por último, se apuntará a las calles de menor conflictividad, especialmente en zonas comerciales, donde se estaciona en doble fila o en lugares indebidos (por ejemplo en Flores o Belgrano). No habrá sanciones –prometen– en aquellas calles donde estacionar mal no ocasiona ningún conflicto.
Además de los volantes en los parabrisas de los autos mal estacionados, el gobierno porteño lanzó una campaña de difusión de las normas que deben ser cumplidas, a través de folletos y volantes que se reparten en cabinas de peajes y en surtidores de combustible adheridos a la Cámara de Propietarios de Estaciones de Servicio. Además, sólo se podrán fotografiar autos mal estacionados en lugares señalizados y con los cordones pintados de amarillo.
“Estamos recuperando una herramienta para implementar una política de prevención –concluyó Piris–. El criterio de las empresas no es ordenar el tránsito sino sacar buenas fotos.” “El objetivo es cambiar las conductas para evitar las sanciones”, agregó. De acuerdo con su diagnóstico, existe un alto nivel de transgresión a las normas de tránsito en los automovilistas, que se manifiesta en un dato revelado por un estudio del Departamento de Tránsito de su dependencia: “En el 79 por ciento de los cruces con semáforo que hay en la ciudad se han registrado accidentes con víctimas. Y si se toman en cuenta los semáforos colocados en los últimos cinco años, hubo tantos accidentes con víctimas antes de su instalación como después”.
La campaña fue lanzada después de conocerse que el año pasado aumentó la cantidad de muertes en accidentes de tránsito en la ciudad, pese a que disminuyó la cantidad de autos en circulación (ver nota aparte).
De acuerdo con el nuevo sistema, las empresas tomarán fotos a los infractores y luego enviarán las actas a la Dirección Administrativa de Infracciones (DAI), que verificará si están bien confeccionadas. Luego, la propia empresa repartirá las actas en los domicilios de los infractores. Antes, esta tarea estaba a cargo de la DAI. El gobierno se ahorra este trabajo, pero se supone que gastará más ya que pagará un promedio de 6,48 pesos por multa distribuida, sea abonada o no por el infractor. De acuerdo con el contrato original, las empresas recibían 8,60 por multa cobrada.