De novedoso a polémico en sólo algunos meses. Con el fin de ordenar el tránsito, en marzo de 2000 el gobierno porteño puso en funcionamiento el sistema de multas fotográficas a través de cámaras ocultas ubicadas en autopistas y avenidas de la ciudad, para lo cual contrató a dos empresas, Meller y Siemens-Itron. La intención era registrar infracciones todos los días durante las 24 horas, pero pasaron sólo cuatro meses hasta que estalló la polémica: un aluvión de denuncias demostró que había irregularidades y la Justicia de Faltas estimó que las multas mal labradas alcanzaban el 70 por ciento. Entonces el sistema fue suspendido por 60 días y se acentuó la pulseada entre funcionarios porteños y el tribunal, que declaró la nulidad de las cerca de 500 mil infracciones fotografiadas hasta entonces. Aunque la polémica nunca llegó a disiparse, el sistema fue relanzado el 25 de octubre de ese mismo año. En tanto, el gobierno porteño terminó con la pulseada unos meses después: el 7 de mayo de 2001 la Legislatura votó la disolución del Tribunal y lo reemplazó por la Oficina de Verificación Administrativa de Faltas (OVAF). El último golpe para el antiguo organismo de control llegó un mes después cuando la Justicia porteña estableció que la nulidad de aquellas multas no tenía sustento jurídico.