Es usual que en un año electoral los candidatos de los más diferentes partidos e ideologías reclamen a voz en cuello la necesidad de aumentar el presupuesto de salud pública para la ciudad de Buenos Aires. Yo me permito diferir. Más allá de la verborragia grandilocuente que confunde cantidad con calidad, el problema de la salud pública en nuestra ciudad se relaciona más con la ineficacia y la inequidad en la aplicación de la ley que con el monto asignado para el cumplimiento de la misma. Debemos reconocer que estos factores no son nuevos sino que son producto de un contexto histórico en el que las políticas neoliberales, de las cuales Macri es un inmejorable representante, han delineado el camino de la salud de nuestra gente. De este modo, nos enfrentamos actualmente a la mala utilización de un presupuesto que se centra en asistir a la enfermedad en lugar de preservar la salud, en la hegemonía médico-farmacológica en lugar del mejoramiento de la salud colectiva desde un punto de vista comunitario y, como consecuencia, en la mercantilización del sistema sanitario.

No digo que el actual presupuesto es suficiente, sin duda no lo es. Sin embargo, esa discusión por sí sola esconde otra verdad tanto o más importante. En la actualidad, el problema central no pasa por el mero aumento del presupuesto sino por su implementación. Mientras nuestro presupuesto excede ampliamente el de muchas otras ciudades, esto no se traduce en una notable mejoría en la salud pública y es aquí donde radica el problema. El gobierno de Macri continúa perpetuando un modelo de salud cuyo paradigma es preciso cambiar. Este nuevo paradigma debe utilizar el presupuesto para fomentar la accesibilidad, la participación popular, la integración y articulación intersectorial y la promoción de la salud para que la misma sea, de una vez por todas, entendida como lo que es: un derecho.

Para conseguir este objetivo es fundamental, e ineludible, un Estado de la ciudad que recupere su rol central y esencial como formador y ejecutor de políticas públicas. Es imprescindible que se invierta el paradigma neoliberal que mantiene desarticulados los distintos efectores estatales de la salud y las obras sociales. Se hace imperativo priorizar los mismos por sobre la medicina privada a través de un proceso de redirección de inversiones que permitan la disminución de las inequidades del actual sistema. Para que esto sea posible habrá que otorgarle al Ministerio de Salud de la ciudad el lugar que le corresponde, quitándolo de la situación en la cual se maneja, de hecho, como una subsecretaría del Ministerio de Hacienda, que es, en última instancia, el que decide la dirección de todo el presupuesto porteño.

Un Sistema de Salud Sustentable vinculado a la inclusión social como el que proponemos necesita de un marco que le permita su de- sarrollo armónico con políticas de equidad y universalidad a nivel nacional. La Ley Básica de Salud nos habilita el camino hacia el desarrollo de la prevención, la atención primaria y la medicina familiar de la salud, como políticas de Estado en el marco de la descentralización, la intersectorialidad y la participación social. Son estas medidas, y no el mero aumento presupuestario, las que nos permitirán una evolución cualitativa de los niveles de satisfacción de vida, de la que el Estado tiene la obligación de ser el garante. Este es el desafío por delante: cambiemos el paradigma mercantilista y pongamos a la gente en el centro.

* Ex ministro de Salud porteño.