SOCIEDAD › OPINIóN
› Por Gustavo Lesbegueris *
La imagen que acompaña esta nota corresponde a un formulario tipo de inscripción de niños y niñas en las llamadas “listas de espera” (naturalizado eufemismo con el que se registra a la población infantil que no accede a vacantes en establecimientos de nivel inicial) elaborado por el Ministerio de Educación del gobierno porteño.
Según informó la Dirección de Nivel Inicial, 6125 niños y niñas se registraban a comienzos del presente ciclo lectivo en tal situación aguardando ingreso a salas de Jardines Maternales, Escuelas Infantiles y Jardines de Infantes de la jurisdicción.
Retomando lo planteado por María Florencia Alcaraz en su nota “Discurso de exclusión” publicada en la sección “La Ventana” de Página/12 el pasado 18/05/11, en relación con las palabras que circulan muchas veces imperceptiblemente en nuestras instituciones educativas generando efectos en las subjetividades, propongo detenernos un instante a analizar el término elegido por los funcionarios del gobierno porteño para denominar la situación de niños y niñas sin vacante: “excedentes”.
Ante todo, cabe mencionar que lamentablemente no se trata de un término novedoso en las escuelas porteñas ni se lo emplea sólo para la educación inicial. Así, para el nivel primario se elaboró en 2008 un proyecto denominado “Escuela para todos”, de “relocalización del excedente de matrícula”, en el que se intenta fundamentar pedagógicamente el dispositivo de reubicación de alumnos y alumnas que asisten en micros a escuelas alejadas de sus domicilios.
Hace años que desde la Defensoría del Pueblo venimos cuestionando en informes y en distintos ámbitos públicos la utilización de esa expresión, por considerarla agraviante a la dignidad de niños y niñas, y con la que se pretende transferir a quienes quedan excluidos del sistema formal de educación de nivel inicial las indelegables responsabilidades de la administración local de garantizar, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución local, el acceso a la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los 45 días y hasta la finalización del secundario.
El término permite asimismo inferir acerca de las representaciones de los funcionarios que elaboran ese tipo de registros. Se trata de un vocablo ajeno al discurso pedagógico, propio del campo de la economía. Remite tanto al beneficio empresarial como a la “6. cantidad de mercancías o dinero que sobrepasa las previsiones de producción o de demanda” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigesimosegunda edición).
No resulta extraño que las autoridades de la Ciudad apelen a esa categoría para nombrar a quienes en su imaginario “sobran” en el sistema educativo, ya que en ese marco de ideas se inscriben las políticas diseñadas en otras áreas de gobierno. La estigmatización de los inmigrantes de países vecinos, la negativa de ingreso de ambulancias del SAME a villas y barrios periféricos, el desmantelamiento de las defensorías zonales y el accionar de la UCEP resultan ilustrativos de los niveles de violencia simbólica e incluso institucional ejercidos hacia quienes consideran que conforman el “resto”.
En el campo educativo, las políticas para “excedentes” se traducen en el dilema que se les plantea a las familias de niños y niñas sin vacante en establecimientos de nivel inicial: aguardar que a lo largo del año escolar se acorten las interminables “listas de espera” a fin de acceder al sistema educativo formal, o aceptar la “reubicación” de sus hijos/as en centros socioeducativos asistenciales o comunitarios.
Resulta oportuno recordar que el 70 por ciento de los niños y niñas que no acceden a vacantes en Jardines de Infantes habitan en la zona sur de la Ciudad, la más postergada en términos socioeconómicos, con lo que se reproducen en el sistema educativo desigualdades dadas en otros campos, cercenándose así el derecho a la educación de esa población infantil y afectándose la igualdad de oportunidades educativas en los “puntos de partida” de su posterior biografía escolar.
Existe, sin embargo, otra acepción de la palabra “excedente”, que viene al relato y me interesaría compartir, porque centra la mirada en los adultos en ejercicio de las responsabilidades políticas asumidas ante la ciudadanía: “4. Dicho de un funcionario público: que se abstiene temporalmente de su puesto o cargo de trabajo”.
Cualquier alusión al funcionario que ejerce la máxima magistratura en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires corre por cuenta de quien la formula.
* Jefe del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo CABA.
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