El juez Eliseo Otero dispuso el procesamiento de seis federales que participaron en la golpiza sufrida por dos manifestantes durante el desalojo del Parque Indoamericano, en diciembre pasado. Hace dos meses, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado el procesamiento para todos por torturas, pero el juez optó por imputarles “vejaciones”, que contempla penas de prisión de uno a cinco años, sensiblemente menores a las de torturas. Otero consideró probado que la mayor parte de los federales atacaron a “golpes de puño, patadas y bastones” a Emanuel Maximiliano Ríos, una de las víctimas de los policías.

Ríos había caído junto a un guardarrail luego de haber recibido una pedrada en la cabeza mientras intentaba alejarse corriendo de la policía. Otero consideró que, tal como señalara el fiscal, el principal Roberto Alejandro Morales, de la comisaría 48ª; el agente Iván Nahuel Fernández, de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad); el cabo Patricio Mariano Sabah, que estaba asignado a la Doucad, aunque es de la Montada; el agente Facundo César Suárez, de la comisaría 42ª; el agente José Miguel Fernández Rojas, castigaron con “golpes de puños, patadas y golpes con bastones a Ríos”; y el sargento Daniel Alberto Caloni, de la comisaría 36ª, “habría propinado un golpe de puño a una persona no identificada que estaba siendo trasladada en carácter de detenida por un agente policial”.

El detenido, cabe aclararlo, tenía sus brazos sujetados por otro agente, con lo que no tenía posibilidad de defenderse.

El juez concluyó que a Morales “se lo observa en momentos en que asesta un golpe con su pierna izquierda sobre el cuerpo” de Ríos, “cuando la víctima se hallaba vencida” por la pedrada que había recibido en el rostro y le fracturara el tabique nasal. Fernández y Suárez también aparecen en las imágenes y fotografías tomadas por el periodismo, golpeando con sus “tonfas” o bastones a Ríos, en tanto que Sabah y Fernández Rojas habrían pateado y arrastrado al joven que se hallaba en el piso sin ofrecer resistencia.

En su fallo, Otero desestimó el pedido de Abraldes que acusaba a los policías de haber intentado evitar que un camarógrafo captara las imágenes como una forma de asegurar la impunidad de los imputados. Y sobreseyó a otros policías imputados, entre ellos el comisario Eduardo Rubén Pereyra, titular de la 48ª, para quien el fiscal Abraldes había pedido la detención. El juez rechazó todos los pedidos de detención y trabó embargos por 15 mil pesos sobre los bienes de cada uno de los acusados.

El 18 de mayo pasado fueron detectadas otras tres personas que resultaron heridas con balas de plomo durante los incidentes en el Parque Indoamericano y señalaron a oficiales de la Federal y la Metropolitana como autores de esos disparos, después de que el fiscal hiciera un registro ampliado de las personas atendidas por heridas de bala en hospitales públicos. De este modo, quedó determinado que en el intento de desalojo del Indoamericano se registraron dos personas fallecidas, Bernardo Salguiero y Rossemary Chura Puña, y al menos cuatro heridos.

Los incidentes en el Indoamericano ocurrieron el 7 de diciembre, cuando un grupo numeroso de familias que habían ocupado parte del predio fueron desalojadas violentamente. La violenta represión decidió a Cristina Kirchner para crear el Ministerio de Seguridad y poner al frente a quien era entonces titular de Defensa, Nilda Garré.