Por primera vez en más de veinte años, ayer se debatió la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal en la Cámara de Diputados. Fue a través de una audiencia pública con cincuenta expositores, entre ellos el periodista Víctor Hugo Morales, impulsada por las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Derechos Humanos. En total, hay seis proyectos de reforma de la ley de drogas presentados por distintas fuerzas políticas, que coinciden en descriminalizar al usuario de drogas ilegales. Se oyeron definiciones tajantes, como la del juez Martín Vázquez Acuña, que a título personal consideró que “la discusión está saldada” porque la Corte Suprema de Justicia nacional se expidió a favor. Diana Chanquia, de la Red de Familiares de Víctimas de Drogas, trató de “irresponsables” a quienes luchan “por las supuestas libertades individuales”.

Los proyectos fueron presentados por Fabián Peralta (GEN), Miguel Barrios (PS), Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur), Adriana Puiggrós (FPV), Ricardo Alfonsín y su tocayo Gil Lavedra (UCR) y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro). “Todos tienen en común la despenalización de la tenencia como piso y el de Donda incluye derogar la tenencia simple y permitir el autocultivo de marihuana como techo”, explicó Peralta, titular de la Comisión de Prevención de las Adicciones. Donda, quien también ofició de anfitriona, agregó: “Tenencia simple y autocultivo para nosotros son el piso, no el techo”. Ambos coincidieron en la urgencia del debate.

La figura de tenencia simple, según explicó Gabriela Basalo, abogada de la Red de Usuarios de Drogas del Inadi, pena con prisión de uno a seis años “la tenencia sin finalidad específica, una locura...”. Esta figura, que varios panelistas definieron como “violatoria del principio de inocencia”, tiene una analogía en el caso del cultivo de marihuana pero con penas de 4 a 15 años, que no son excarcelables. Joe Stefagnuolo, abogado de Andrés Calamaro, aseguró que la tenencia simple nació para desautorizar el fallo Bazterrica que en los ’80 desalentó la persecución a los usuarios.

“El juez Carlos Fayt votó en contra de Bazterrica y veinte años después lo hizo a favor en el fallo Arriola de la Corte Suprema. ‘Me equivoqué’, dijo. Creo que hay que seguir el ejemplo y reconocer el error. Esa contradicción de protegernos con la cárcel jamás la entendí”, agregó el abogado. Por su parte, la legisladora de la Coalición Cívica Diana Maffía criticó la “moral perfeccionista” de los prohibicionistas y pidió distinguir el consumo del consumo problemático. La diputada del GEN Margarita Stolbizer adhirió a la postura del juez Vázquez Acuña sobre la obligación de despenalizar, posición compartida por su colega radical Sandra Rioboó.

Vázquez Acuña aclaró una duda planteada por la presidenta de la Asociación Intercambios, quien consideró “coherente y necesario” derogar las penas por el autocultivo, aunque implicará revisar las convenciones internacionales firmadas por Argentina. “Esas convenciones no tienen rango constitucional, sí las tienen los compromisos en materia de derechos humanos, que exigen respetar el principio de proporcionalidad en las penas y el derecho a la salud”, aseguró. El derecho al autocultivo fue defendido por varios activistas: Oscar Montenegro de Radus, Juan Pablo Felipponi de Acaba y el director de la revista THC, Sebastián Basalo.

Cintia Hotton, diputada de Valores para mi País, se encargó de reunir a los que están en contra: Madres del Paco y los Familiares de la Víctimas. “El reclamo de los porreros va en detrimento de los pobres que fuman paco”, dijo y luego relacionó el consumo con la violencia. “La droga hace mal y no vamos a hacer concesiones”, agregó. Luis Botta, en representación de las comunidades terapéuticas evangélicas, afirmó que esas instituciones tienen “el más alto índice de rehabilitación”, debido al encierro de “adictos” por “meses”, algo desaconsejado en la Ley de Salud Mental.

La internación compulsiva, prevista en la ley actual como opción para no ir preso en el caso de tenencia para uso personal fue objetada por la mayoría de los expositores, entre los que estuvo el especialista Alberto Calabrese y Mónica Cuñarro, de la Comisión de Políticas Públicas de Drogas del gobierno nacional. También hablaron sobre la necesidad de extender la reducción de daños Ricardo Paveto y Silvia Inchaurraga, de Arda, y por el CELS, Luciana Pol, quien contó la escalofriante situación de las mulitas en el norte del país y reclamó penas excarcelables.

La sorpresa la dio el padre Fernando Cevera, del Episcopado, quien pidió más formación e información científica sobre las drogas y se mostró a favor de descriminalizar. Lo había invitado Hotton. También estuvo León Arslanian, quien evaluó el panorama post despenalización: “Tenemos que ver qué hacemos con el mercado porque va a haber que abandonar la esquizofrenia del consumo legal-sustancia ilegal”. La presencia de Víctor Hugo Morales fue muy celebrada. “Estuvimos cautivos de mandatos sociales”, reconoció, y contó que fue “aleccionado” por el cultivador y activista Matías Faray.

Morales cerró la audiencia afirmando que el mundo vive equivocado en materia de drogas. “Tenemos que darnos una nueva oportunidad, así como estamos, trabajamos para el narcotráfico”, agregó y pidió “la más enfática de las leyes que se pueda sancionar” en pos de la despenalización.

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