El caso de los cinco jóvenes condenados a prisión perpetua cuando tenían entre 16 y 17 años llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que definirá la responsabilidad del Estado nacional, que no resolvió su situación humanitaria. El expediente abierto a partir de la situación de detención que padecen Claudio Núñez, Lucas Mendoza, César Mendoza, Cristian Roldán Cajal y Diego Arce fue girado por la Comisión Interamericana a la Corte, luego de vencido el plazo para que el Estado argentino planteara una solución a sus condiciones de prisión.

“No se hizo algo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión”, señalaron fuentes involucradas con la decisión procesal. En 2002, la Defensoría General de la Nación presentó ante la Comisión Interamericana el caso de seis jóvenes sentenciados a penas de prisión perpetua por crímenes cometidos cuando eran adolescentes. Tres años después de iniciado el proceso legal, en junio de 2005, Ricardo Videla, uno de los condenados, apareció ahorcado en una celda de castigo de la Penitenciaría de Mendoza. En 2008 la Comisión declaró admisible el estudio de la situación jurídica de los demás jóvenes; en 2010 afirmó que el Estado nacional, con esa condena, violó derechos consagrados en la Convención Americana. La semana pasada, uno de los jóvenes logró salidas transitorias; otro goza de arresto domiciliario desde el último viernes, por un grave problema de salud.