El gobierno porteño fue intimado por la Justicia a presentar “en el plazo de diez días” un cronograma de obras tendientes a “la reparación de desperfectos en los baños y dormitorios” del único parador para familias en situación de calle de ciudad, en la Costanera Sur. En su resolución, la jueza Andrea Danas ordenó que los trabajos se realicen “como máximo en un mes”. Además estableció que, en el mismo lapso de diez días, el gobierno de Mauricio Macri tiene que presentar un “protocolo de funcionamiento” que contemple “mecanismos de orientación, atención y derivación articulada” a los programas de contención de la administración porteña, para las familias que se alojan en forma temporaria en el parador Costanera. Se demanda así que las autoridades garanticen “un acceso más sustentable a la vivienda y a la convivencia familiar” a esas familias que sólo pueden pernoctar diez noches consecutivas en el parador.

La decisión judicial dio respuesta a una acción de amparo presentada el 3 de mayo pasado, por la Asesoría General Tutelar (AGT) de la Ciudad, que –según publicó Página/12– solicitó al gobierno porteño que ponga fin en forma urgente al “cuadro de desidia” que se advertía en el parador. La AGT sostuvo en su denuncia que si no se ponía en marcha una política integral que aborde el problema de la pobreza y de la vivienda, se estaba legitimando la creación de verdaderos “depósitos de pobres”.

La AGT, a partir de la medida de la jueza Danas, espera que el gobierno de Macri “entregue documentación que detalle los recursos humanos” de los que dispone para asistir a las familias luego del egreso transcurridas las diez noches. Las autoridades deberían gestionar “un subsidio habitacional o iniciar una acción judicial”, pero en lugar de eso “la estrategia de egreso debe ser armada por la propia familia, en la más absoluta soledad, sin contar con asesoramiento de los profesionales del lugar”.

Sobre ese punto, la jueza dijo que para “favorecer la inclusión social de grupos familiares en situación de riesgo” se les brinda alojamiento temporario, pero a la vez debe hacerse “un seguimiento profesional permanente para lograr la inclusión del grupo familiar a nivel salud, escolarización de menores y reinserción en el mercado laboral”. Por esa razón se dispuso que en diez días el gobierno porteño debe asumir “un compromiso de trabajo” para garantizar vivienda, educación y salud a las personas en situación de vulnerabilidad.

En una inspección ocular realizada el 8 de junio, la Justicia reconoce que se está construyendo un nuevo baño para hombres, constata que en el de mujeres hay canillas que no funcionan, que los niños menores duermen en camas sin protección, que en varios lugares faltan placas del techo y que no hay calefacción ni en el baño de hombres ni en el de discapacitados, entre otras cosas. Se concluye que, más allá de las mejoras realizadas, “la situación actual tampoco sería la apropiada para su habitabilidad en condiciones óptimas de seguridad e higiene”.