La integrante de una comunidad mapuche corta un camino para proteger un sitio sagrado, y lo hace por mandato de su comunidad. Para la ley, esa conducta podría ser delito. Pero ¿qué pasaría si se toman en cuenta los valores culturales de esa comunidad? Para responder a esa pregunta, en Bariloche, un juez ordenó una pericia antropológica antes de resolver si procesa o no a la imputada. El objetivo es garantizar que tanto él como fiscales y defensores que intervengan en el conflicto penal tengan las herramientas conceptuales y cognitivas para comprender la problemática de esa comunidad con una perspectiva de respeto por su diversidad cultural. El criterio es que Poder Judicial pueda valerse de otros saberes, además de los vinculados con el Derecho, para emitir un fallo. “Así vamos a poder juzgar con conocimiento (sobre la comunidad mapuche) y no desde un paradigma de hegemonía cultural”, aseguró a Página/12 Martín Lozada, magistrado que ordenó la medida.

A partir de la pericia, los operadores que tengan intervención en el conflicto judicial entre la comunidad mapuche Huaytekas y una empresa petrolera poseerán los elementos necesarios para entender la cultura de ese pueblo. El juez consideró que la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, por mandato constitucional, los obliga a conocer la cosmovisión de los actores enfrentados. “En la cultura occidental poco sabemos del universo simbólico y espiritual de los mapuches. Si nada sabemos, tenemos que apelar a un especialista”, explicó.

La causa penal comenzó debido al corte de un camino vecinal en las afueras de El Bolsón, en Río Negro, adonde en las últimas décadas se registraron conflictos por la posesión de tierras entre comunidades de pueblos originarios y terratenientes. Allí, una mujer mapuche cortó el sendero con una barrera y, de esa forma, impidió a representantes de la empresa pasar a su propiedad, que incluye un bosque de cipreses, que está siendo talado para desarrollar un emprendimiento turístico, según denuncias de la comunidad.

En la declaración indagatoria, la mujer mapuche explicó que cortó ese camino porque fue autorizada, en el marco de una asamblea –llamada trawuan–, a custodiar el ingreso a ese sector, ya que conduce al “cipresal sagrado” de las Huaytekas, informaron las fuentes judiciales. “Tenemos que determinar si esta mujer cometió un delito. Desde una perspectiva legal, lo que hizo está inicialmente prohibido por una norma, pero hay que determinar los factores que incentivaron esa acción”, explicó el magistrado.

La investigadora Claudia Briones, directora de la Escuela de Humanidades y de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), estuvo a cargo de la pericia, que ya se encuentra en los últimos pasos: visitó a la comunidad Huaytekas y habló con sus integrantes, juntos y por separado, para conocer la cosmovisión y tradiciones de ese pueblo. Ahora deberá explicar desde una perspectiva antropológica el significado de un “cipresal sagrado”, la relación del rewe (altar sagrado) con la ocupación tradicional de la zona y la importancia del trawuan, reunión donde se toman las decisiones en comunidad, explicó Briones. Con esos elementos, los operadores judiciales deberán emitir el fallo.

“Se hacen muy pocos peritajes antropológicos, y más cuando son de oficio. Es una práctica inusual, porque para que esto pase el Poder Judicial tiene que reconocer que no hay una única visión”, señaló la antropóloga en diálogo con este diario. Si bien no es la primera vez que se lleva adelante una intervención como esta en el país, la medida llega para romper pautas de la hegemonía cultural y de las perspectivas etnocentristas, que suele haber tanto en los ámbitos judiciales como en otros sectores de la sociedad. Además, la iniciativa avanza en lo establecido por los pactos y tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.