La ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció la firma de un convenio marco entre su área y la de Defensa, que servirá “para asistir al sistema de seguridad”. La funcionaria aclaró que no se trata de incorporar a los militares en la lucha contra el delito, lo que está prohibido por ley: precisamente, criticó “a los trasnochados que piden la intervención de las Fuerzas Armadas” en materia de seguridad interior. Una fuente del ministerio explicó a Página/12 que el convenio busca utilizar infraestructura ociosa y logística del sistema de Defensa en el área de seguridad. Y ejemplificó: “Ya sucede en el Operativo Centinela: los gendarmes que se tienen que desplazar de un lugar a otro se alojan en cuarteles militares”.

Garré encabezó la ceremonia por el 201º aniversario de la Prefectura Naval. Allí defendió la política de seguridad implementada por la presidenta Cristina Kirchner y el plan Cinturón Sur, que se pondrá en marcha el lunes próximo.

En el acto, la ministra señaló que “aumentaremos la cooperación con el sistema de Defensa”. “Es cierto –dijo– que cada tanto emergen comentaristas trasnochados, cada vez menos por suerte, que proponen comprometer a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, algo contrario a la legislación vigente y reñido con el más elemental sentido común. Los militares son ciudadanos preparados para conjurar y repeler agresiones estatales, y por eso se forman y adiestran para la utilización de la violencia en su grado extremo.”

En contraposición, Garré destacó que “los ciudadanos que se de-sempeñan en las fuerzas policiales y de seguridad, en cambio, son formados para prevenir la violación de las normas, para asistir a la Justicia en la obtención y preservación de evidencia y, eventualmente, como último recurso, en la utilización gradual y mínima de la violencia”. “Todos usan uniforme, pero que nadie se confunda: son profesiones y saberes completamente distintos para fines también distintos”, resaltó.

“Sin embargo, esto no quiere decir que deban resignarse áreas de cooperación entre los sistemas de Defensa y de seguridad. El despliegue territorial, las instalaciones y parte del equipamiento de las Fuerzas Armadas pueden asistir al sistema de seguridad, tal como lo establece la Ley 24.059 de Seguridad Interior”, indicó.

La fuente del ministerio explicó que se busca utilizar capacidades ociosas y logística de las Fuerzas Armadas que puedan servir a ambas áreas. “El plan de radarización, por ejemplo, contempla una matriz de información que es útil a Seguridad y a Defensa –detalló–. A Seguridad, cuando se trata de vectores que implican irregularidades administrativas, como no informar un vuelo, o delictivas, como no informar un vuelo porque se está transportando drogas o contrabando. A Defensa, cuando se trata de un control del espacio aéreo vinculado con la soberanía nacional.”

Otro ejemplo que señaló la fuente es el convenio entre el astillero Tandanor, que depende de Defensa, con la Prefectura, para la construcción del buque científico Bernardo Houssay. “El convenio marco entre ambas áreas permitirá optimizar los recursos del Estado estrictamente en lo logístico. Jamás para utilizar a las Fuerzas Armadas contra el delito.”