“... no es de la violación de las reglas sino de su aplicación a ultranza de donde surgirán la torsión y el desvío, de la rigurosa vigilancia de una completa rectitud, de la custodia inflexible de una normalidad total y atroz” (sinopsis del largometraje La mirada invisible)

No será a través de preceptores/as como los retratados en la película de Diego Lerman ni estamos bajo dictadura militar, pero la vocación por espiar resiste la temporalidad democrática y encuentra en la tecnología puesta al servicio de fisgones estatales y privados la oportunidad de realización y negocio, al amparo del silencio de los siempre dispuestos a ofrendar libertades, derechos y garantías en el altar de la supuesta “seguridad”.

Así, como informó Página/12 el miércoles último, un centenar de escuelas porteñas (junto con otras dependencias e, incluso, ex Centros Clandestinos de Detención) han sido seleccionadas como “objetivos” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser vigiladas “física y electrónicamente” por empresas de seguridad privada adjudicatarias de una licitación por casi quinientos millones de pesos, los que, desagregados por los cuatro años del período concesionado, representan, por ejemplo, el presupuesto total asignado al pago de las becas estudiantiles y quintuplica el (por cierto magro y retaceado) que se destina a las cooperadoras escolares.

El “servicio” de seguridad privada en establecimientos educativos no constituye una novedad ni se inicia con la actual administración. Sin embargo, la decisión de instalar en escuelas videocámaras con capacidad de grabar imágenes en tiempo real, almacenarlas por 30 días y ser monitoreadas a través de circuitos cerrados de televisión por empresas concesionarias y funcionarios autorizados importa la institucionalización del sistema de vigilancia electrónica diseminado hasta el momento en lugares públicos y nos impele a advertir acerca de los potenciales riesgos en cuanto a exposición e intromisión en la intimidad y la privacidad de los miembros de las comunidades educativas, principalmente sus niños, niñas y adolescentes.

La medida se resignifica al exhibir el gobierno porteño los oprobiosos antecedentes de contratación de un agente de inteligencia en el ámbito del Ministerio de Educación, el espionaje investigado judicialmente a legisladores opositores y dirigentes sociales, el “instructivo” elaborado por el director general de Educación actualmente en funciones instando a las autoridades de los colegios secundarios a denunciar ante la comisaría del barrio a los estudiantes que tomen establecimientos, y el convenio recientemente aprobado por el cual se autoriza la cesión a los medios de comunicación audiovisual de las imágenes que se transmiten a través del Centro de Monitoreo Urbano.

En ese contexto, se observa por demás insuficiente que se haya informado que las cámaras estarán desactivadas durante el horario de clases.

Es necesario, por lo tanto, confrontar la información oficial mediante auditorías externas y control parlamentario, a fin de evaluar características e implicancias del sistema que se proyecta instalar.

Los funcionarios a cargo de la ejecución de esta política no informaron acerca de los espacios físicos donde serán ubicadas las cámaras, ni los recaudos previstos a fin de garantizar la confidencialidad de las imágenes monitoreadas. Tampoco explicitaron los criterios ni fundamentaron los motivos por los cuales se seleccionaron determinadas escuelas y no otras de un mismo Distrito Escolar.

Ante situaciones de posible afectación de derechos a partir de la implementación del nuevo dispositivo de control electrónico y sus derivaciones en el ámbito escolar, la falta de información a los establecimientos incorporados y el silencio del Ministerio de Educación de la Ciudad no hacen más que confirmar prevenciones.

En este sentido, el inminente despliegue de videocámaras escolares interpela a todos los sectores comprometidos con la defensa de los derechos y las libertades públicas y nos convoca a cuestionar esta medida antes de que se naturalice también en el campo educativo la mirada invisible del Gran Hermano.

* Ex defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.