El comisario mayor José Aurelio Ferrari, hasta ayer a cargo de la Departamental de Seguridad de San Nicolás, fue enviado a nuevo destino por decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero: pasó a integrar el staff del Repar (Registro Provincial de Armas) como un administrativo más, lo que en la jerga policial significa un congelamiento. El traslado se realizó un mes y medio después de que Página/12 publicara en exclusiva una causa judicial abierta contra Ferrari y tres de sus subordinados (entre ellos su segundo, el comisario Alejandro Barreiro) después de entrar en la casa de una familia de cartoneros, moler a golpes al padre y al hijo y llevar a ambos detenidos. Como pruebas trascendentales, Ferrari secuestró la bicicleta del joven y una pistolita de plástico azul que no dispara agua sino flechitas con ventosa en la punta, con la que jugaba en la puerta de casa su hermanito menor, de 9 años. Tras la publicación de la nota, el Cels pidió que Ferrari fuera exonerado. No fue el único caso en el que intervino el polémico administrativo: estuvo detenido en la causa AMIA, homenajeó a un cabo procesado por la masacre de Villa Ramallo y protegió a otro tomándolo como chofer mientras lo procesaban por homicidio.
La actuación que derivó en su traslado es conocida como el caso Quintana. Los Quintana son una familia de cartoneros. El 2 de diciembre pasado, Pablo Quintana, de 18 años, regresaba a su casa cuando un auto blanco de vidrios polarizados se cruzó en su camino. Del auto bajaron cuatro hombres, dos de civil (el cabo primero Alfredo Saucedo y el cabo Román Guevara) y dos uniformados (la cúpula de la Departamental de San Nicolás, José Ferrari y Alejandro Barreiro). Los cuatro con sus armas en la mano. Pablo entró corriendo a su casa seguido por Ferrari y su jauría.
En la puerta de casa, Rodrigo Quintana y su primo Jonathan, ambos de 9 años, jugaban al poliladro. Aún no está claro en la investigación a quién le correspondía el papel de poli y quién jugaba de ladro. Lo cierto es que Rodrigo tenía en su mano una pistolita de plástico color azul claro, que ojos vulgares podían confundir con una lanza agua, pero que una mirada de especialista jamás se hubiera dejado engañar: se trataba del sofisticado modelo lanza flechitas con ventosa en la punta.
Rodrigo vio aterrorizado cómo su hermano entraba corriendo mientras dos hombres armados y dos policías ingresaban tras él con armas de otro carácter. Una vecina, tan aterrorizada como los dos chiquitos, logró apartarlos de la escena. Mientras, en el fondo de la casa, Alberto Quintana, padre de Pablo y Rodrigo, era sorprendido en pleno arreglo de su bicicleta. El brazo armado de la ley (no Rodrigo ni Jonathan sino Ferrari y sus hombres) rápidamente controló la situación. A Alberto le clavaron el caño amenazante de una pistola en la panza, mientras que, a su hijo Pablo, el jefe del operativo lo tomaba del cogote y le aplicaba una trompada en la nariz. Cuando lo llevaban esposado al auto, Alberto logró zafar y se abalanzó sobre Ferrari exigiendo explicaciones. No fueron necesarias. Una patada lo derrumbó mientras el jefe dictaminaba: “Me tenés podrido... a éste también cárguenlo”. Y Alberto también salió esposado.
Para no incurrir en el habitual olvido de pruebas, Ferrari ordenó secuestrar dos elementos de rigor cuasi científico: la bicicleta que mamá Rosa Brest le había regalado a su hijo Pablo y la modelo lanza flechitas que fueron aportadas convenientemente a la causa por resistencia a la autoridad. Curiosamente, esa causa fue iniciada por Ferrari recién después de que los Quintana presentaran una denuncia contra el jefe policial por privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y apremios ilegales. Por el momento, la fiscalía 2 de San Nicolás, a cargo de Hugo Vanni, tomó una sola y curiosa medida en la investigación: antes de citar a los nueve testigos del bochornoso incidente presentados por los Quintana, solicitó a la Departamental de Ferrari las estadísticas sobre todos los delitos en todos los rubros cometidos durante noviembre del año pasado. Todo hace pensar que el fiscal considera que Ferrari actuó enexceso de celo profesional ante una ola delictiva de ladrones de sus propias bicicletas.
Pocos días después de que este diario publicara el caso, el Cels presentó un extenso informe al ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, en el que solicita la exoneración de Ferrari, por la gravedad de los hechos, por la jerarquía que ocupa y por una larga lista de antecedentes. Página/12 ya informó sobre el caso de Efraín Ríos, de 17 años, asesinado por la espalda por el cabo Rubén Galloso, en febrero de 2000 en Baradero. Mientras el cabo era procesado, Ferrari lo tomó como su chofer. “Quería ver si el hombre se sinceraba conmigo”, declaró el comisario ante el tribunal. “¿Y se sinceró?”, preguntaron los jueces. “Sí. Y yo estoy absolutamente convencido de que el hombre es inocente.” Es procedente agregar que Galloso fue condenado a 16 años y Ferrari seriamente amonestado por entorpecer a la Justicia. También recibió con honores al cabo primero Alberto Castillo, mientras éste se encontraba procesado en la investigación sobre la masacre de Villa Ramallo. En su presentación, el Cels consideró “por demás llamativo” que el comisario mayor José Aurelio Ferrari, con semejantes antecedentes, continuara en su cargo.
Ayer, Ferrari fue trasladado preventivamente a tareas administrativas hasta tanto el fiscal Vanni demuestre lo que no parece dispuesto a demostrar. El área que le tocó en suerte, el Repar, parece una broma del destino o un reconocimiento a su ojo de especialista en lanza flechitas de plástico.