Un fiscal pidió que se investigue la denuncia de un abogado, según la cual jueces y camaristas habrían favorecido a la firma Google “a cambio de dádivas y/o dinero”. El abogado lleva adelante más de cien juicios contra esa empresa, en representación de famosos que habrían sido perjudicados al aparecer vinculados con sitios pornográficos en el popular buscador. El letrado presentó un video sobre una supuesta reunión de jueces en el local de Google Argentina, cuya autenticidad investigará el fiscal.

La denuncia fue efectuada por el abogado Martín Leguizamón Peña ante el juez federal Sergio Torres, quien requirió dictamen al fiscal Federico Delgado. Este recomendó investigar la denuncia: “La investigación se centrará en determinar si algunos jueces dictaron ciertas resoluciones, en el marco de expedientes sometidos a su competencia, que favorecieron a la firma Google de Argentina, a cambio de dádivas y/o dinero”, dice el dictamen. La denuncia incluyó el video de una supuesta reunión de jueces con directivos de Google, que se habría efectuado el 1º de septiembre de 2009 en las oficinas de la empresa. El fiscal Delgado pidió a la División Delitos en Tecnología de la Policía Federal “que realice un peritaje del video aportado por el denunciante e informe si fue alterado”.

Leguizamón Peña representa a Florencia Raggi, Eugenia Tobal, Joaquín Furriel, Isabel Macedo, Paola Krum y otros famosos, que pretenden indemnizaciones de 300.000 a 400.000 pesos, como compensación por la vinculación de sus nombres con sitios web de contenido sexual, a los que se accede por medio de Google o Yahoo! (que también fue demandada). Los demandados aducen ser sólo intermediarios que no pueden hacerse responsables de los contenidos de cada sitio. Google, por lo demás, accede a retirar de su indexación figuraciones ante pedidos específicos de los involucrados.

Las demandas obtuvieron algunos fallos favorables en primera instancia. Pero, en agosto del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil estableció que los buscadores no son responsables por contenidos generados por terceros, salvo que actúen con negligencia en remover resultados de búsqueda manifiestamente ilegales sobre los que hubieran sido advertidos. El tema está ahora en la Corte Suprema de Justicia.