“Hay que cumplir con el pedido del aborto no punible de la niña que fue violada. No hay ninguna otra alternativa porque es un derecho de ella y la ley así nos lo exige”, afirmó anoche a Página/12 el subsecretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Guillermo Pedro González Prieto, frente al caso de la chica de 14 años de Misiones que hace más de diez días está a la espera de que se le dé una respuesta a su solicitud. Al cierre de esta edición, la niña estaba internada en un hospital de Posadas. Según indicó el subsecretario, el Ministerio de Salud del gobierno de Misiones está preocupado por garantizar el derecho de la chica. “La intención de la provincia es resolverlo y que se realice pronto el aborto no punible”, agregó González Prieto.

La judicialización del pedido de aborto no punible empantanó la resolución. En un breve diálogo con este diario, Carmen F., la mamá de la niña, expresó ayer su desesperación ante la falta de respuestas: “La gente no piensa en mi hija. Parece que nadie está a favor de ella”, dijo Carmen. La mujer es madre de 11 hijos: salvo los dos mayores, los demás viven con ella y su marido en un barrio humilde de las afueras de Posadas.

Desde que la defensora oficial de la madre, Elsa Gertrudis Fragueiro, planteó hace más de una semana la decisión de la niña y su familia de interrumpir el embarazo producto de la violación de un tío, según se denunció, el expediente ha girado de un juzgado a otro. El embarazo rondaría las diez semanas. De todas formas, dos magistrados –tanto la jueza de Familia No 2, Marta Alegre, como quien investiga el delito penal, el juez de Instrucción No 6, Ricardo Balor–, expresaron con claridad que el procedimiento no requiere autorización judicial. No existe un plazo legal establecido para realizar un aborto no punible. Cuanto antes se practique, mejor: hay menos riesgos y se evita el tortuoso camino de la espera a la niña. Pero en el caso de LMR, la adolescente que fue abusada sexualmente en 2006 y cuyo caso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, la práctica se hizo alrededor de la semana 20.

En una entrevista con Página/12, el subsecretario González Prieto aclaró distintos aspectos en torno del drama que viven la niña y su familia. González Prieto es el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio de Salud de la Nación que se pronunció sobre el tema.

–Hay una niña que expresó su decisión de abortar un embarazo producto de una violación. ¿Se trata de un aborto no punible?

–Absolutamente.

–¿Qué deben hacer los médicos que reciben el pedido de la interrupción del embarazo?

–El hospital tiene que cumplir con el reclamo y acceder a la petición de la niña y su familia. Vemos una buena voluntad del Ministerio de Salud de Misiones para garantizar el derecho de la niña. Lamento la judicialización del caso porque ha impedido que se resuelva con mayor prontitud para proteger la integridad de la niña.

–¿En estos casos los médicos necesitan una orden judicial para actuar?

–No es necesaria una autorización judicial. Así también lo entendió la jueza (Alegre). El punto es que la defensora oficial no debió pedir una autorización en los tribunales. Si llega a apelar el último fallo de la jueza –donde no avaló el aborto pero tampoco lo prohibió–, se retrasará el procedimiento. Los médicos están en una situación de no innovar y el tiempo pasa. Si la provincia hubiera adherido a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación, hubiera podido resolver el caso con mayor facilidad.

–¿Por qué cree que los médicos se resisten aun existiendo esa Guía oficial a practicar abortos no punibles?

–Tienen miedo a que alguien les haga un juicio.

–¿Algún médico fue condenado por hacer un aborto no punible?

–No. Eso mismo les decimos nosotros. Incluso vemos que tanto la sociedad como desde los organismos de salud y derechos humanos hay una condena hacia los médicos que no actúan en estos casos.

–En realidad, hay seis médicos en Santa Fe procesados por no haber hecho un aborto no punible a una mujer cuya vida corría riesgo. ¿Cómo piensa que se podría evitar que la repetición de trabas innecesarias en los casos de aborto no punible? ¿No cree que si la Guía del Ministerio de Salud fuera jerarquizada como resolución o ley podría favorecer que los médicos tuvieran certezas de cómo actuar?

–No creo que el problema pase por ahí. Finalmente, las provincias tienen la potestad de adherir o no a una ley. Depende de la decisión política de cada provincia frente a estos casos –consideró González Prieto.

También salió a respaldar el pedido de la niña misionera la abogada Perla Prigoshin, coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “La negativa de un efector de salud a cumplir con la normativa vigente en desmedro de la integridad psicofísica de una joven violada por un integrante de su familia configura violencia institucional que implica, además, violencia contra la libertad reproductiva”, señaló Prigoshin. El artículo 86 del Código Penal considera no punible el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo proviene de una violación o un abuso sexual al pudor en el caso de una mujer con discapacidad mental.