El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentaron una acción de amparo ante la Justicia porteña para que se prohíba la instalación de cámaras de video en escuelas públicas de la ciudad. Las organizaciones argumentaron que la vigilancia electrónica dentro de los establecimientos escolares “viola el derecho a la intimidad de los niños y los adolescentes”. La licitación, ya adjudicada por el gobierno de Mauricio Macri, contempla la instalación de alarmas y cámaras de monitoreo en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. El contrato por el servicio de vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. Será por cuatro años y representará para la ciudad un gasto de 532 millones de pesos.

Los abogados del ODH y del gremio docente presentaron además un pedido de medida cautelar para que se suspenda la licitación hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, es decir, si corresponde o no colocar cámaras dentro de una escuela. La causa quedó en el juzgado a cargo de Elena Liberatori. Ayer, ni en el Ministerio de Seguridad –desde donde se impulsó la licitación– ni en el de Educación respondieron a consultas de este diario.

Tal como informó Página/12 el 6 de julio último, la licitación pública 298/11 divide la ciudad en cuatro zonas, que fueron adjudicadas a otras tantas empresas. Incluye la construcción e instalación de un centro de monitoreo y de videocámaras en hospitales, centros de salud, CGP y edificios escolares. Aunque el pliego no lo aclara, todo indica que las cámaras serán instaladas dentro de los edificios. Pero ayer, voceros del Ministerio de Educación aseguraron que se colocarían de la puerta para afuera.

La instalación de cámaras en las escuelas motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo porteña, desde donde se objetó la medida, en principio, porque no había sido pedida por la comunidad educativa ni había sido consensuada con directivos ni docentes, además de representar una vulneración al derecho de intimidad.

“Los docentes agregaron además un argumento pedagógico: no se puede enseñar y aprender vigilados por un Gran Hermano”, dijo a Página/12 Demian Konfino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos.

–¿Y si desde el gobierno garantizan que durante las horas de clase las cámaras estarán apagadas? –preguntó este diario.

–Eso es algo inverosímil y, además, incomprobable. Nadie puede saber si las cámaras están encendidas o apagadas. Además, el gobierno puede disponer de las imágenes, como lo ha hecho. Es llamativo que esto ocurra en un momento en que los estudiantes se están organizando –respondió el abogado.

El amparo, además, está firmado por padres de alumnos, quienes afirman que “se privará a nuestros niños del derecho a su intimidad en la vida escolar y en sus conflictos, según su estadio de desarrollo, a pesar de que el Estado ha reconocido a todas las personas, especialmente a los niños y niñas, el derecho a mantener reservada la información que considere no comunicable.

De acuerdo con el contrato, las imágenes detectadas por las cámaras permanecerán grabadas al menos durante 30 días. Entre las escuelas en que, de acuerdo con la licitación, está prevista la vigilancia por cámaras, se encuentran el Otto Krause, el Fernando Fader, el Instituto Bernasconi y el Lenguas Vivas.