La directora de Fiscalización y Verificaciones del gobierno porteño, Vanesa Berkowski, presentó ayer un pedido de eximición de prisión en la causa en la que se investiga una red de tráfico de influencias que cobra coimas a comerciantes para agilizar trámites de habilitación y evitar inspecciones y posibles clausuras. La funcionaria, encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos, ni siquiera había sido citada a declarar a Tribunales, pero el avance de la investigación impulsada por el juez Juan Ramos Padilla, que incluyó un allanamiento de su oficina y el secuestro de su legajo, entre otros documentos, fue decisivo para que solicitara el beneficio. El juez lo concedió, previa caución sobre sus bienes de 350 mil pesos. En el caso, otros tres funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control están imputados por el delito de estafa contra los dueños de un complejo teatral.

Berkowski aparece mencionada en las escuchas ordenadas por Ramos Padilla, que la involucran en gestiones para no inspeccionar a los boliches, cuyos dueños pagaron un “canon” para tener ese beneficio. La propia directora de Fiscalización participa de uno de esos diálogos con uno de los imputados, Federico Garaglia, quien se queja porque otro funcionario le está demorando la habilitación de un comercio en el que el actúa como gestor. Ella le promete interceder.

En otro diálogo, una mujer –que para los investigadores es Berkowski–, quien habría actuado como autoridad electoral en los comicios porteños del 10 de julio, admite: “Me tuve que afanar un sello (electoral). No, lo mío es de terror”. En la conversación, la mujer aporta detalles de esa maniobra e insiste con detalles del hecho: “Nosotros tuvimos gente, conchudos viste, el presidente de mesa que si no es de tu comuna los fiscales no lo dejaban votar (...) Así que me llevé un coso para sellar documentos de identidad”. Aunque no queda claro cuál fue la maniobra, para el juez pudo haber un delito electoral, y así lo hizo saber al resolver el pedido de eximición de prisión.

Días atrás, Ramos Padilla había resuelto en forma favorable idénticos pedidos de los gestores Leandro Camani y Federico Garaglia, y del abogado Matías Pantarotto, con cauciones de 250 mil pesos para cada uno. Los tres apelaron el monto de la caución, por lo que ahora debe decidir la Cámara del Crimen.

Ninguno de los tres había sido llamado a prestar declaración indagatoria, pero a partir de la intervención de líneas telefónicas, el juez Ramos Padilla ordenó la semana pasada allanamientos a sus domicilios. También fueron allanadas oficinas de la Agencia Gubernamental de Control, entre ellas la de Berkowski.

Camani es el marido de la ex mediática Samantha Farjat, que alcanzó notoriedad en los años ’90, durante una causa por drogas contra Guillermo Coppola. Pantarotto es abogado de los dueños del boliche Beara, donde murieron dos chicas al derrumbarse un entrepiso.

La causa que tramita Ramos Padilla se inició a partir de la denuncia del dueño de un boliche del barrio de Liniers, quien aseguró haber sufrido “inspecciones constantes”, que terminaron en clausuras y multas, a la que se sumaron los testimonios de otros comerciantes, Estos empresarios coincidieron en que la seguidilla de inspecciones tornaba imposible el negocio y aseguraron que se les ofrecía un “sistema de avisos” al cual podían suscribirse, por el cual, pago mediante, se evitaba la visita de los inspectores o bien se avisaba qué día sería inspeccionado.

A esta causa se agregó una denuncia por estafa presentada por el empresario Fabián Rodríguez y su esposa, la actriz y vedette Nazarena Vélez. En ese caso, la fiscal Graciela Gils Carbó pidió la declaración indagatoria de tres ex funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control: Martín Farrell, quien fue director de Habilitaciones, Pablo Seiskuskas y Martín Córdoba. Los dos primeros también están investigados por irregularidades en la habilitación de Beara.

Después de esa tragedia, Farrell fue desplazado de la Dirección de Habilitaciones, pero el jefe de Gobierno lo premió con otro cargo público y hoy es asesor en la Procuración General de la Ciudad.

Al conceder la eximición de prisión solicitada por Berkowski, Ramos Padilla consideró que “la elevada cantidad de hechos, esa suerte de asociación entre funcionarios, abogados y particulares destinada a cometer diversos delitos, incluso electorales, debería ser el principal motivo para denegar” el pedido. Pero estimó que una eventual detención se convertiría en “una pena anticipada”, por el tiempo que demandará la resolución de la causa.

Ayer, Página/12 intentó comunicarse con los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control para que expresen su posición respecto de la situación de una funcionaria que acababa de pedir una eximición de prisión. Sólo confirmaron que Berkowski, por ahora, seguía en su puesto. Rodríguez relató a Página/12 que en 2008 compró el local del ex cine Los Angeles, ubicado en la avenida Corrientes al 1700, e inició obras de remodelación para habilitarlo como teatro, pero como se quedó sin dinero se asoció a otros dos empresarios para poder terminar la obra. Denunció que en diciembre de 2009, cuando viajó a Córdoba para participar de la temporada teatral de verano, sus socios transfirieron la habilitación a nombre de ellos. “En marzo, cuando volví, hice la denuncia en la Agencia Gubernamental de Control. Entonces, Farrell dio de baja la transferencia pero a los tres meses les otorgó una nueva habilitación con planos que habían denunciado como robados”, agregó.

El empresario presentó este año numerosas denuncias “ante Vanesa Berkowski y Javier Ibáñez (el titular de la Agencia Gubernamental de Control)” por irregularidades en los planos de evacuación por incendio. “Nunca tuve respuesta, no mandaron ni una sola inspección”, dijo. Entonces, al enterarse de que la causa la tramitaba Ramos Padilla, Rodríguez se presentó ante el juez, quien dispuso una inspección de la Dirección de Bomberos de la Policía Federal. “Los bomberos hicieron una pericia y detectaron que no reúne requisitos mínimos para funcionar, por lo cual Ramos Padilla clausuró el teatro el 1º de julio”, agregó el empresario. “El juez le pasó el caso a Berkowski, con el informe de Bomberos, porque se trata de un tema de competencia de la ciudad, pero ella lo transfirió directamente a Javier Ibáñez.” El teatro todavía sigue clausurado.

Por este caso, la actriz Nazarena Vélez formuló numerosos reclamos al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a través de los medios de comunicación. Por eso, cuando el líder del PRO concurrió antes de las elecciones al programa Un futuro perfecto, que conduce Roberto Pettinato y donde trabaja Nazarena Vélez, puso como condición que la actriz no estuviera presente durante la entrevista, requisito al que la producción accedió.