El gobierno de Mauricio Macri ya lo tenía decidido y ahora lo dio a conocer: en 2012 habrá un aumento en la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza y sólo falta decidir cuál será su magnitud. El oficialismo no tiene mayoría propia en la Legislatura ni la tendrá después del 10 de diciembre, lo que lo obliga a negociar este aumento junto a un paquete de leyes económicas que incluyen la ampliación del Presupuesto de este año y el permiso para un nuevo endeudamiento. Lo cierto –y lo reconocen en la oposición– es que existe un desfasaje de lo recaudado por ABL respecto de la inflación, que haría inevitable el ajuste. La discusión, entonces, girará en torno de cuánto aumentará y cómo se aplicará el incremento.

Dos semanas después de haber ganado en la segunda vuelta, en el gobierno porteño admiten que el proyecto para aumentar el ABL existe y formará parte del proyecto de Presupuesto 2012 que enviará el Ejecutivo el 30 de septiembre próximo. Ayer, el propio ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, estimó que el ajuste podría hacerse según el barrio, de acuerdo con “la diferencia entre la valuación fiscal y la valuación real de la propiedad”.

La Ciudad recauda por año 1350 millones de pesos en concepto de ABL, mientras que por la patente automotor llega a 1280 millones. Para el Ejecutivo, estas cifras grafican el atraso, ya que es evidente –dicen– que el valor del parque inmobiliario es muy superior al automotor. Ese desfasaje se manifiesta en la participación en la torta de la recaudación: el ABL representaba en 2008 en 12 por ciento del total, mientras que este año no superaría el 7 por ciento.

La diferencia se explica en que los otros impuestos se ajustan en forma automática: Ingresos Brutos, por el crecimiento de la actividad económica y el aumento de precios, y Patentes, porque se ajusta todos los años de acuerdo con las cotizaciones de las compañías de seguro.

“El Ejecutivo está buscando un mecanismo para aplicar también el ajuste automático al ABL”, dijo a Página/12 el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, Alvaro González (PRO).

El diputado Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) opinó ante una consulta de este diario que “antes de hablar de aumentos hay que eliminar las inequidades, porque si se aplica un incremento generalizado se consolidan las desigualdades existentes”. Lo dijo en relación con las propiedades más costosas que pagan tributo de acuerdo con valores fiscales de la propiedad muy desactualizados.

Algunas de esas propiedades recibieron aumentos importantes en 2007, cuando se aprobó un incremento por zonas. Fue durante la gestión de Jorge Telerman, que quiso aplicar un aumento generalizado, a solicitud de la futura gestión macrista, que fue duramente resistido. Los que recibieron aumentos más fuertes –se estima que son 50 mil en un universo de 1.700.000– no serían alcanzados esta vez por los ajustes.

El diputado Martín Hourest (Frente Progresista) propone desdoblar el actual tributo en un impuesto inmobiliario y una tasa para el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. “En 2007 se creó una comisión en la Legislatura para trabajar sobre una reforma impositiva. Esa comisión, que tiene mayoría del macrismo, en cuatro años no avanzó nada”, cuestionó Hourest ante Página/12.

Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) también reconoce, al igual que sus colegas, que existe un “retraso” en la tasa, pero sostiene que cualquier actualización “debe ser progresiva, no aplicarse de golpe, sino en varios años, como hizo la provincia de Buenos Aires”. Opinó que el piso anual de ABL debe ser de 300 pesos –hoy hay contribuyentes que pagan entre 100 y 200 pesos por año– y deberían “eliminarse los beneficios por los que las propiedades más viejas pagan menos”.

Desde el oficialismo, aunque con otra perspectiva, también ven con simpatía el ejemplo bonaerense. “En 2007 recaudaron 12 mil millones y este año van a duplicar esa cifra”, elogió González. El mismo legislador reconoce que lo que se recauda por ABL en la Ciudad no alcanza para pagar el contrato para la recolección de residuos, que supera los 1500 millones y va en aumento. Eso sin contar el mantenimiento del alumbrado y la limpieza de sumideros, entre otros rubros de higiene urbana.

Una de las opciones en estudio es la de instrumentar un ajuste automático, de manera que se evite la discusión anual sobre el aumento de los impuestos. Para eso se podría aplicar el llamado Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) que tiene asignada cada propiedad, bastante más realista que la valuación fiscal utilizada para el cálculo del impuesto. El VIR, que en promedio no llega al 80 por ciento del valor real de una propiedad, se utiliza para evitar la evasión impositiva en operaciones inmobiliarias, en las que se solían declarar, para las escrituras, valores muy inferiores a los reales.

“Si se aplican las alícuotas actuales a estos valores, el impuesto se multiplicaría por doce. Eso no se va a hacer, pero se está estudiando el mecanismo para poder aplicar el VIR, de manera que el ajuste se haga en forma automática y no tengamos que discutir todos los años lo mismo”, afirmó González.

El proyecto de Presupuesto debe ingresar a la Legislatura antes del 30 de septiembre. Comenzará a ser debatido en comisión pero su tratamiento en el recinto puede darse después del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición del cuerpo. Para entonces, el PRO tendrá dos legisladores más que ahora, pero no la mayoría propia para darle curso a la iniciativa. En la negociación entrarán otros proyectos de perfil económico que necesita la gestión PRO, como la ampliación del Presupuesto en unos 3000 millones de pesos y el permiso para emitir un nuevo bono de deuda.