La Legislatura porteña se aprestaba a aprobar esta madrugada la suspensión del cobro del peaje en la autopista Illia por un plazo de entre 30 días y 60 días. En ese lapso, el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe sobre las obras y el plan de mantenimiento necesarios en esa autovía, que justifiquen el cobro de la tarifa. El proyecto original, que preveía la derogación lisa y llana del peaje en la autopista recientemente estatizada, no alcanzó el número de votos necesarios como para salir airoso, por lo que su autor, el legislador Cristian Caram (UCR), lo modificó para sumar voluntades y números. La suspensión del cobro, de ser aprobada, no es inmediata: en teoría, entrará en vigor cuando la ley sea promulgada, si es que el jefe de Gobierno no decide vetarla u objetar la decisión Legislativa ante la Justicia.
La autopista Illia pasó al centro de la escena porteña el 25 de febrero último, cuando el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dio por terminada la concesión, por “incumplimiento de contrato”, a la empresa Covimet, que cobró peaje en esa autovía durante los últimos diez años. Junto con esa medida, el jefe de Gobierno otorgó la concesión a la empresa estatal AUSA, y redujo el precio del peaje en un 50 por ciento, de un peso a 50 centavos.
Caram esgrimió varios argumentos en contra de la medida de Ibarra: que la tarifa del peaje no puede ser fijada por decreto, que debe resarcirse a los usuarios que durante años pagaron un peaje carísimo por un tramo de apenas tres kilómetros, y que los costos de mantenimiento deben sostenerse con los ingresos que AUSA tiene por la explotación de otras autopistas.
La propuesta no generó las adhesiones suficientes para su aprobación, sobre todo cuando salió a la luz la situación de los 90 trabajadores de Covimet, cuyo ingreso a AUSA estaba en plena gestión. “Si no se cobra peaje, ¿que función cumplirían los que se desempeñaban en las cabinas o haciendo tareas administrativas?”, se preguntaron algunos.
Por eso, el proyecto original se modificó, cambiando la eliminación definitiva por la suspensión del cobro, por un período durante el cual el gobierno porteño debería hacerse cargo del personal.
La modificación provocó la ira de algunos legisladores, como la peronista independiente Juliana Marino, que calificó a Caram de “irresponsable, por presentar una propuesta sin estudios previos” o la del oficialista Roque Bellomo, que vinculó la propuesta de Caram con su candidatura a jefe de Gobierno.
Pese a todo, la iniciativa del radical cosechó respaldos de distinto signo, desde los bloques de la izquierda hasta los que adhieren al candidatura de Mauricio Macri, incluyendo a peronistas y belicistas. En cambio, por la negativa, se pronunciaron los diputados del Frente Grande y peronistas independientes. El ARI y los socialistas votaron divididos y el radical Fernando Caeiro, quien antes de ser diputado fue vicepresidente de AUSA, se opuso a la suspensión.
“Llama la atención que se realice un planteo de este tipo una vez otorgada la concesión a una empresa con participación mayoritaria del Gobierno de la Ciudad ¿Por qué no se hizo cuando la concesionaria era una empresa privada?”, se preguntó el legislador.
Además de Caram, a favor de la suspensión argumentó el diputado Julio Crespo Campos, quien se pronunció por la facultad de la Legislatura de fijar la tarifa del peaje, entendida como un tributo de los usuarios al Estado porteño. Este concepto podría dar pie a una disputa sobre la competencia para fijar la tarifa, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que debería resolver la Justicia.
La autopista Illia, que conecta la avenida 9 de Julio con las avenidas Lugones y Cantilo, es transitada en promedio por unos 60.000 vehículos por día. Durante ocho días, después de que fue estatizada, no se cobró peaje pues hubo que adecuar todos los equipos a la nueva tarifa. No fue posible en ese lapso medir el incremento del flujo vehicular, pero se sabe que conel nuevo valor de 50 centavos, el tránsito se incrementó en un 50 por ciento, según dijo a este diario el presidente de AUSA, Héctor Rossi.
El directivo aseguró que la empresa no se puede hacer cargo de la autopista sin cobrar peaje. “El mantenimiento demanda unos 300.000 pesos mensuales y además es necesario afrontar las obras que faltan”, dijo Rossi. Para el diputado Vensentini, “lo que hay que discutir es si todos los contribuyentes de la ciudad deben financiar la gratuidad de una autopista un número reducido de personas”.