Un policía de la provincia de La Rioja fue condenado por la Justicia federal a dos años de prisión por intentar engañar a una chica de 19 años y reclutarla para una red de trata de personas con fines de explotación sexual y se convirtió en el primer uniformado que recibe una pena por participar en este delito, no como encubridor sino como autor.

La condena fue aplicada por el Tribunal Oral Federal de la capital de esa provincia contra el suboficial Noel Jesús Carreño, en el primer juicio que se realiza en la provincia por un caso de este tipo. Carreño, de 29 años, fue inhabilitado además por cuatro años para ejercer cargos públicos. Su condición de policía, además, fue considerada un agravante por los jueces, aunque por el monto de la pena impuesta quedó en libertad condicional.

El policía fue denunciado en 2008 por una joven a la que pretendió engañar con una oferta de trabajo para, en realidad, insertarla en una red de trata. Cómplices del policía, que no pudieron ser identificados, también hicieron la misma oferta laboral a varias jóvenes en nombre de personajes conocidos en la provincia, como un diputado nacional o jefes de la fuerza de seguridad provincial, quienes desmintieron su participación.

Entre las jóvenes convocadas a trabajar en el exterior por un sueldo en dólares y viáticos había también mujeres de la propia policía, aunque sólo una concretó la denuncia junto a su familia. Los denunciantes señalaron que fueron víctimas de presiones y persecuciones durante todo este período.

La joven tenía 19 años en 2008, cuando le ofrecieron trabajar como promotora para una empresa a cambio de un sueldo de 2700 pesos, más 3000 dólares de viáticos y gastos, la gestión rápida del pasaporte y pasajes a Estados Unidos, México, Brasil y/o Uruguay.

Después de contactarse con un supuesto empresario de apellido Vacarat, la joven y su madre decidieron acudir al diputado nacional Alberto Paredes Urquiza, cuyo nombre había sido invocado en la oferta por los intermediarios, pero el legislador negó tener vinculación con la organización y acompañó a la familia en la denuncia.

Respecto de la red, el único imputado y condenado fue Carreño, por la mitad de la pena que había pedido la fiscalía, porque sus cómplices no pudieron ser identificados.

En tanto, en Buenos Aires, el gobierno nacional acordó ayer con las provincias acciones conjuntas para combatir la trata de personas, en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos.