El movimiento de mujeres planteó que el tratamiento de los proyectos sobre aborto en medio de la campaña podía distorsionar el debate.
Imagen: Sandra Cartasso.

El debate por el aborto en la Comisión de Legislación Penal de Diputados finalmente se postergó para después de las elecciones nacionales, como reclamaban legisladores que están a favor y también en contra de la despenalización. Ayer, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), accedió a cambiar la fecha de la reunión citada originalmente para el próximo martes y fijó la nueva convocatoria para el 1º de noviembre. La oficialista Diana Conti adelantó a Página/12 que ya está trabajando en un borrador de dictamen en línea con la iniciativa que promueve la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, pero que mantiene la práctica penalizada para el médico que la lleva adelante –y no para la mujer– si se realiza más allá de las 12 semanas de gestación y por fuera de las excepciones contempladas después de ese plazo, que son cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer, en casos de violación y si hay malformaciones fetales graves.

Vega anunció su decisión a través de un comunicado de prensa. “Por unánime pedido de diputados de diferentes bloques y ONG de la sociedad civil, la reunión de Diputados convocada para tratar los proyectos sobre Aborto para el día 27 de septiembre se traslada para el día 1º de noviembre a las 15 horas”, informó. Pero consideró “falso” que “en tiempos electorales no se deban plantear debates centrales que hacen a la vida de una comunidad. La sociedad argentina debe saber qué piensan sus diputados y candidatos por razones de moral democrática”, señaló Vega al dar a conocer el cambio de fecha para la reunión.

Otras legisladoras, como Conti, opinan que incluso debería pasarse para el inicio de las sesiones ordinarias de 2012, para discutir el tema con la nueva composición parlamentaria que surja de las elecciones del 23 de octubre.

–¿Cómo influye en la discusión en el oficialismo la posición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? –le preguntó Página/12 a Conti.

–La Presidenta se pronunció públicamente en contra el aborto. Contra el aborto estamos todos. La Presidenta tomó una medida a favor de la vida que es la Asignación Universal para las Embarazadas que se entrega después de la semana 12ª de gestación. Ahí hay una ventana. Esa es mi posición. Nadie quiere el aborto, pero no siempre el Código Penal es el instrumento para proteger la vida en gestación. Es el marco de la salud el que debe dar respuestas. La Presidenta es respetuosa del debate y de lo que resuelva el Congreso.

En la Comisión de Legislación Penal hay siete proyectos en discusión: cinco casi no modifican el actual marco jurídico, sino que pretenden reglamentar los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal desde 1921 –y en algunos casos imponen mayores restricciones como la iniciativa que presentó hace poco menos de un mes el propio Vega–; y otros dos, que despenalizan y legalizan el aborto en las primeras 12 o 14 semanas de gestación y más allá de ese límite en las circunstancias antes mencionadas. Uno de ellos fue elaborado durante un largo proceso de consenso por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Desde que llamó a la reunión del 27, Vega recibió insistentes reclamos para que no se sacara dictamen antes de las elecciones. Los pedidos se lo hicieron tanto diputadas que promueven la despenalización del aborto –y organizaciones que comparten esa posición, como Católicas por el Derecho a Decidir y la Asociación de Abogados de Buenos Aires–, como un grupo de 26 legisladores que están en contra, liderados por la puntana del Peronismo Federal Ivana Bianchi. Las primeras argumentaban que se podía “bastardear” la discusión si se imponía en el marco del proceso electoral, dado que en la mayoría de los bloques no hay posiciones unánimes sobre el tema. Los que se alinean con el discurso de la jerarquía católica y otras religiones conservadoras alegaron que en las dos audiencias públicas que convocó Vega para avanzar con el debate –en noviembre de 2010 y julio último– no se escucharon voces contrarias a la legalización. Pero Vega les replicó que les dio la oportunidad de proponer expositores y se negaron. En realidad, los sectores conservadores prefieren silenciar el debate.

El proyecto de la Campaña tiene 50 firmas de un amplio arco político. En Legislación Penal hay siete diputados y diputadas que lo suscribieron (Conti y Héctor Recalde, del Frente para la Victoria; Victoria Donda, de Libres del Sur; Fernanda Gil Lozano, de la C.C; Liliana Parada, de Proyecto Sur; Horacio Alcuaz, del GEN, y Jorge Rivas, de Nuevo Encuentro). Pero en la Campaña suman a otros cuatro que en privado han expresado su simpatía con el proyecto pero no lo firmaron, entre ellos el oficialista Oscar Albrieu, secretario de la Comisión. Albrieu suscribió el proyecto de Vega de regulación de los no punibles, pero expresó a integrantes de su bloque que está más cerca de la despenalización en el primer trimestre. En la Comisión hay cuatro votos cantados en contra (Bianchi, del partido de Rodríguez Saá; Omar de Marchi, demócrata de Mendoza; Daniel Tomas, del FpV de San Juan, y Patricia Bullrich, de CC). Del resto de los 31 miembros no se conoce con claridad sus posiciones.