Hubo una suerte de fiebre de la efedrina entre 2006 y 2008, año en el que se descubrió un laboratorio de metaanfetamina en la casaquinta de Ingeniero Maschwitz. Se nota en los pasos del mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza, que antes de firmar un boleto de compraventa de esa quinta iba seguido a la farmacia Lancestremere, en el centro porteño, donde compró miles de cajas de Lodratadina Plus Northia, un medicamento que contiene seudoefedrina. Sus dueños, ambos condenados por éste y otros hechos, aseguraron que dejaron de venderle “porque no lo bancaban más, llegaba a cualquier hora y sin avisar”. En verdad, es probable que el mexicano enjuiciado por estos días cambiara de proveedor al enterarse de que podía conseguir efedrina pura, sin demasiados controles. En la “ruta de la efedrina” había una autopista.

Además de Mario Segovia, apodado “El rey de la efedrina”, en la megacausa por el tráfico de este precursor químico aparecen varios proveedores legales y un denominador común: los compradores mexicanos. En ese país, esta sustancia importada de la India y utilizada para fabricar antigripales y colirio está sujeta a controles rigurosos. Carlos Manuel Poggi, quien en 2008 era titular de la Dirección de Desarrollo Industrial de General Rodríguez, es un ejemplo de la operatoria transnacional.

Poggi alquiló un galpón en ese municipio bonaerense aduciendo ser intermediario de un grupo de mexicanos que se dedicaba “a la exportación de cueros”. También se ocupó de conseguir un despachante de aduana, mientras por el galpón, durante tres meses, pasaron varios tambores de un supuesto “aceite” para cueros, que no era otra cosa que efedrina pura. Los compradores mexicanos decían llamarse Carlos Quesada Gómez y Santiago Serrizuela, quien en un mail le comentaba al funcionario sus “intenciones de hacer grandes negocios en Argentina”.

El kilo de efedrina, por esos años, costaba entre dos y tres mil pesos en el mercado local, mientras que en México se pagaba hasta 10 mil dólares. Desde allí, ya convertido en metaanfetamina u otras drogas sintéticas pasaba a Estados Unidos.

Otro caso, que también consta en el expediente, es el del fisicoculturista Daniel Mancuso, cliente habitual de la farmacia San José de los Corrales, en el barrio porteño de Liniers. Ante la Justicia, Mancuso aseguró que compró 247 kilos de clorhidrato de efedrina para fabricar, ilegalmente, un anorexígeno para bajar de peso. Según él, era para vender “a un grupo de amigos”. Dijo necesitar cuatro gramos de esa sustancia para obtener 60 comprimidos. Cuando se allanó esa farmacia, los investigadores descubrieron que desde allí se habían vendido otros 430 kilos de efedrina.

Los movimientos de estos proveedores aparecen en un fallo de noviembre de 2008 de la Cámara de San Martín, que reencausó la investigación del juez Federico Faggionato Márquez, luego destituido. Según fuentes judiciales, los camaristas debieron amenazar con allanar el Juzgado Federal de Campana para recibir todo el expediente del caso. Tras revisarlo, revocaron la falta de mérito y la excarcelación de Fernando Ventura García, un mexicano naturalizado argentino, principal colaborador de Juan Jesús Martínez Espinoza.

Buena parte de la efedrina que desató la fiebre había sido comprada por el laboratorio Unifarma a las firmas Malladi Drugs y Farmaceutical Limited, en la India. Pero luego se perdía el rastro porque muchos de los compradores eran sociedades ficticias. Sin embargo, las cantidades eran sospechosas, ya que los fabricantes de medicamentos que contienen esa sustancia solían comprar 50 kilos al año, como mucho. “Se advierte la presencia por un lado de un flujo significativo de comercialización ilegal de efedrina y seudoefedrina y, por otra parte, una autoridad de aplicación que a primera vista no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, se afirma en el fallo de la Cámara de San Martín.

Los camaristas apuntaron entonces al Registro Nacional de Precursores Químicos, bajo la órbita de la Sedronar, y sugirieron al juez Faggionato Márquez que llame a indagatoria a su titular, José Ramón Granero, y al responsable del Registro: Julio A. de Oríe. El llamado nunca llegó. Lo sorprendente es que no era la primera vez que una Cámara Federal pedía que se investigue a quienes debían controlar el ingreso de los precursores químicos a la Argentina. También lo habían hecho los camaristas porteños Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.

Estos jueces tuvieron en sus manos el caso de un pionero en la materia del tráfico de esta sustancia: Guillermo Raúl Ascona. Dos años antes que Mario Segovia, quien afronta el juicio oral junto a Martínez Espinoza, Ascona traficó 1900 kilos de efedrina. Y lo hizo anotándose en el Registro de Precursores Químicos, afirmando que esa cantidad, desproporcionada por donde se la mire, sería vendida a las droguerías Prefarm y Alkanos San Juan. Luego, la Justicia determinó que la primera no existía y la segunda negaba semejante compra.

Las obligaciones que debía cumplir Ascona, según apunta el fallo de los camaristas porteños, eran: inscribirse en el registro, suministrar la documentación que la autoridad administrativa requiriera; mantener un registro completo de los movimientos del material e informar al órgano de control con carácter de declaración jurada las operaciones celebradas; comerciar exclusivamente con las personas físicas o jurídicas inscriptas en el registro y pedir autorización previa al Registro para realizar importación o exportación.

En sus votos, Eduardo Farah y Jorge Ballestero criticaron “las fallas notorias” en los controles de la Sedronar y sobre todo que Ascona consiguiera operar “sin que el organismo hubiese efectuado ningún tipo de constatación previa al otorgamiento de permiso”, como inspeccionar los domicilios que dio como destinatarios de la efedrina. Al igual que sus colegas de San Martín “estimaron procedente” investigar la responsabilidad penal de los funcionarios de la Secretaría.

En su voto, Freiler criticó a la Sedronar por “el carácter endeble” de sus controles. Y apuntó una falla estructural del Registro: en vez de impedir el tráfico confía en que la Justicia lo detecte. El magistrado estimó que la sanción penal es la última medida a tomar, sólo “cuando otros mecanismos de control social resultan infructuosos”. Y agregó: “Esto no constituye una autorización fáctica para que los organismos administrativos de contralor competentes en una etapa previa a la respuesta punitiva flexibilicen las funciones de fiscalización que le son propias, y deleguen aquellas en el éxito de la futura persecución penal”.

Mientras tanto, doce personas acusadas de traficar efedrina y metaanfetamina a México están siendo juzgadas, mientras que otras catorce recibieron condena. El Registro continúa en las mismas manos, las que en 24 horas permitieron inscribirse a Segovia, con una identidad robada, la de un preso. La dimensión del negocio quedó clara cuando se allanó la casa del rey de la efedrina: además de autos y camionetas de lujos, tenía tres kilos de oro en lingotes. Se sospecha que compró 8100 kilos de efedrina.

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