La Asamblea General de la ONU presentó un informe en el que se exhorta a los Estados a despenalizar el aborto. El documento fue elaborado por Anand Grover, relator especial de Salud del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Entre otras cuestiones, el informe enfatiza que la aplicación de leyes que criminalizan el aborto e imponen una conducta específica a las mujeres embarazadas “debe reconsiderarse inmediatamente”. El punto más innovador del pronunciamiento es que no se basa solamente en el riesgo que un aborto inseguro puede significar para la salud de las mujeres: además señala que el uso de leyes para forzar a las mujeres a continuar con un embarazo constituye “una forma injustificable de coerción” y advierte sobre los impactos negativos que tienen las leyes que penalizan el aborto –y otras normas relacionadas con las salud sexual y reproductiva– sobre la libertad de las mujeres, su proceso de adopción de decisiones y su autonomía.

El informe fue presentado el lunes 24 de octubre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y representa un hito en la interpretación de los derechos sexuales y reproductivos dentro del sistema de la ONU.

“Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten su salud sexual y reproductiva”, dice el documento de Grover, abogado y desde hace mucho tiempo activista en el campo del VIH-sida en la India.

El informe examina la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud. Entre otras cuestiones, argumenta que las barreras políticas y legales al acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, son violaciones a los derechos humanos.

El informe agrega que las leyes que penalizan el aborto “asimismo generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de Justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto pueden constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”.

“El informe del relator significa un gran avance porque es innovador en su enfoque y porque pone en palabras muy concretas la necesidad de despenalizar el aborto como una cuestión de derechos humanos”, analizó en diálogo con Página/12 la abogada Edurne Cárdenas, del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

La abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y experta de la OEA en temas de violencia de género, explicó los alcances del Informe: “Al ser aprobado por la Asamblea General, pasa a ser un documento oficial de la ONU y, por tanto, va construyendo sentido y jurisprudencia autorizada”, indicó. Chiarotti destacó que el documento “critica el efecto pernicioso de la criminalización de prácticas médicas sólo necesitadas por mujeres, como el aborto, y muestra sus consecuencias nefastas en los sectores más pobres de la sociedad”.

El relator también señala que la legislación restrictiva carece de eficacia como intervención en el ámbito de la salud pública, mientras que la “moralidad pública” no puede esgrimirse como pretexto para promulgar o aplicar leyes que puedan dar pie a violaciones de los derechos humanos. Por ello, la aplicación de esas leyes debe reconsiderarse inmediatamente, y su eliminación no debe ser progresiva ya que no constituye una carga pesada desde el punto de vista de los recursos.