“Imaginate que son los 6 de la mañana, que estás durmiendo y hay un terremoto. Esa es la sensación que tengo, de no saber qué está pasando. De repente, abrí los ojos y tengo a un policía, con ropa de camuflaje, arriba de mi cama apuntándome con un arma. Y gritando: ‘¡Tirate, tirate!’. Me rompieron varios muebles, la computadora, la puerta y lo peor es lo que le hicieron a una de mis hijas. Tiene el brazo enyesado y le gritaban que saliera de la cama y, como no podía, le rompieron la cama. Ahora veo mi casa y me doy cuenta de que pasó un tsunami.” Con el susto a cuestas, María Elena Leuzzi relató a este diario lo ocurrido durante un allanamiento en su casa, sede de la ONG Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), en San Fernando, al norte del conurbano bonaerense. El ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, le confesó que sentía “vergüenza ajena”, relató la mujer.

El allanamiento en cuestión fue ordenado por Abel Díaz, juez de garantías de San Isidro, a partir de tres ataques perpetrados en la cercana Villa Halls, al parecer por dos sobrinos de Leuzzi y otros dos jóvenes más. Los sospechosos viven en una subdivisión de la misma casa, en Sarratea 2760, que tiene otra entrada sobre la calle Carlos Casares, aclaró la mujer. Los cuatro fueron detenidos, imputados y liberados por la tarde. La violencia utilizada por el Grupo de Irrupción de la Bonaerense, que operó acompañado por agentes de la comisaría primera de San Fernando, ya es objeto de una investigación de Asuntos Internos.

“La orden de allanamiento era para revisar la vivienda, no para destrozarla. Eso me dijo Casal, que me pidió disculpas, como lo hicieron los policías después”, comentó ayer Leuzzi. Sin justificación alguna, los policías rompieron placards, mesas y también un monitor plasma, de una computadora que una de sus hijas compró en cuotas “y estaba por terminar de pagar”. Cuando se acercó a la Departamental de San Isidro, de donde se monitoreó el caso, Leuzzi recibió una cama y un monitor nuevo en compensación por lo ocurrido.

El Grupo de Irrupción es una fuerza de apoyo, mejor equipada y preparada para realizar allanamientos donde se prevé que habrá resistencia armada. Así lo definió a Página/12 el comisario Jorge Omar Nasrala, a cargo de la Departamental de San Isidro. “En total, por este caso hubo cuatro allanamientos simultáneos, y fueron hallados un arma no registrada, siete gramos de cocaína y una planta de marihuana”, comentó Nasrala. Además fueron secuestrados dos autos pertenecientes a los imputados. Las capturas habían sido exigidas desde el Area de Investigaciones Correccionales del distrito de San Fernando.

Según fuentes de la causa, dos sobrinos de Leuzzi y sus primos de apellido Lanfranco habrían ido la semana pasada a la Villa Halls a comprar cocaína. “Alguien les pidió la plata y prometió traer la droga, pero se fue con el dinero. En venganza, volvieron al barrio, muy sacados y atacaron a varias personas”, relató la fuente. Primero fueron a un quiosco, el 23 de octubre pasado. Pidieron cigarrillos y se quejaron del precio golpeando al comerciante en un ojo con la culata de un arma. La víctima tiene 19 años y perdió la visión en ese ojo.

Luego, otro joven de 25 años resultó baleado en una pierna por los agresores al intentar intervenir en defensa del quiosquero. Según las fuentes consultadas, uno de los autos secuestrados fue reconocido por las víctimas, como el vehículo en el que se movilizaban los agresores. Algunos testigos comentaron que los cuatro sospechosos decían ser policías, por lo que en los allanamientos se buscaban uniformes.

“Sólo encontraron un uniforme de Prefectura, pero es de uno de los familiares”, aseguró María Elena Leuzzi, enfurecida por el procedimiento en su casa, donde suelen refugiarse mujeres y menores abusados. “Les digo mancos porque rompían todo lo que encontraban a patadas”, protestó.

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