La criminalización del aborto se llevó otra vida. Una nena de 13 años murió en el Hospital Materno Infantil de Salta como consecuencia de una infección generalizada provocada por un aborto inseguro, realizado en la clandestinidad. Para intentar salvarle la vida, primero se le extirpó el útero, pero luego de la operación la niña falleció por un shock séptico, confirmó ayer a Página/12 el secretario de Salud provincial, Sergio López Alcobendas. La tragedia –una entre un centenar de casos similares con desenlace fatal que ocurren cada año en el país– se produjo en momentos en que en la Cámara de Diputados de la Nación se pospuso la discusión de un proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Y generó la reacción de especialistas de distintos ámbitos (ver aparte). El caso no es excepcional.

Desde que comenzó 2011, cada día, informó López Alcobendas, se atendió un promedio de seis mujeres con cuadros de aborto incompleto sólo en el Hospital Materno Infantil, de Salta. En total, entre enero y septiembre fueron 1605 mujeres, de las cuales 499 llegaron con cuadros de infecciones graves, indicó el funcionario. Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, advirtió que el gobierno provincial “hace poco y nada” para prevenir los embarazos no deseados y promover la educación sexual integral: “La ley de sexualidad responsable nunca fue reglamentada, y en consecuencia el programa de salud reproductiva de la provincia no tiene presupuesto propio, no hay consejería en anticoncepción en la mayoría de los centros de salud y hay médicos que se niegan a colocar DIU o a hacer una ligadura de trompas si las mujeres son jóvenes, no hay educación sexual integral en las aulas y, en cambio, se imparte educación religiosa católica en forma obligatoria”, describió Carrique, en diálogo con Página/12.

El secretario de Salud de la provincia dijo a este diario que recién a partir de la campaña de vacunación contra el virus HPV, obligatoria desde los 11 años para las niñas, que se lanzó hace pocas semanas, empezaron a “hablar algo de educación sexual” en las escuelas.

La muerte de la niña de 13 años, que ocurrió el martes, es una fotografía del drama del aborto en la Argentina, donde estimaciones oficiales calculan que se practican alrededor de 500 mil interrupciones voluntarias de embarazo cada año, en la clandestinidad, reflexionó Carrique. “Esta muerte nos pone frente a la realidad del aborto clandestino en Argentina –es la primera causa de morbimortalidad materna y representa un tercio del total de las muertes– y frente a la urgente necesidad del debate por la despenalización y legalización. No podemos seguir indiferentes a las más de cien mujeres que mueren al año en la Argentina por abortos practicados en condiciones de riesgo”, opinó Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Alcobendas recordó otro caso que se registró en Salta unos años atrás, cuando a otra nena de 13 años le tuvieron que extirpar el útero para salvarle la vida por el gravísimo cuadro infeccioso que sufrió a causa también de un aborto inseguro. En marzo, el mismo Hospital Materno Infantil se negó a realizar un aborto no punible a una niña de 13 años que había sido violada, cuyo caso llegó a judicializarse.

“Salta es territorio particularmente conservador”, apuntó Carrique. Al punto que dos días después del fallecimiento de la nena, el Senado provincial se pronunció en forma unánime en contra de la despenalización del aborto y aprobó un proyecto de declaración por el cual insta a los legisladores nacionales de Salta que arbitren todos los medios necesarios para rechazar la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Congreso. El gobernador Juan Manuel Urtubey milita activamente en contra de la legalización del aborto en una liga mundial de “parlamentarios y gobernantes por la vida”, que lidera en el país la senadora puntana Liliana Negre de Alonso, ferviente opositora al matrimonio igualitario tanto como a la despenalización del aborto. De hecho, en diciembre de 2010 Urtubey distinguió a Negre de Alonso por su activismo “en defensa de la vida y la familia”.

“Se oponen a la despenalización del aborto, pero no hacen nada para prevenirlos. No hay políticas públicas en Salta para prevenir los embarazos no deseados y evitar las muertes por abortos. Seguramente esta niña no tuvo educación sexual. Sólo hablan del derecho a la vida del embrión. Pero la vida de las mujeres, como la de esta niña, no les importa. Quienes defendemos la despenalización del aborto estamos a favor de la vida de las mujeres, de las niñas”, enfatizó Carrique, docente e integrante de la Multisectorial de Mujeres de Salta, un colectivo que reclama la reglamentación de la ley 7311 de sexualidad responsable, que fue sancionada en 2004. Como contrapartida, en Salta se imparte catecismo en las escuelas públicas como materia con calificación, las alumnas y alumnos rezan antes de ingresar al aula y escriben en sus cuadernos oraciones de agradecimiento a la Virgen María.