SOCIEDAD › POR EL CRIMEN DEL MILITANTE DEL MOCASE CRISTIAN FERREYRA
› Por Carlos Rodríguez
Anoche, en el juzgado de Monte Quemado, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, estaba siendo indagado Javier Francisco Juárez, acusado de ser autor del asesinato de Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). En el mismo lugar se presentó ayer, ante el requerimiento del juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, el empresario José Ciccioli, presunto instigador del hecho según denunciaron los abogados del Mocase. Hasta las 22 de ayer nada se sabía sobre la situación procesal de Ciccioli. Mientras tanto, continuaba la búsqueda del prófugo Hugo Juárez, hermano del principal imputado. Ayer, para tratar de poner paños fríos frente a la crítica situación, el gobierno provincial anunció la suspensión por 180 días de toda actividad productiva que involucre actividades de desmonte. La medida se cumpliría entre el 21 de noviembre y el 21 de mayo de 2012. El avance de las plantaciones de soja sobre los territorios de los campesinos es el eje central del conflicto.
“Hoy (por ayer) comenzó la indagatoria de Javier Juárez y luego seguirá el juez con los otros tres detenidos”, confirmó a Página/12 Antenor Ferreira, abogado de la APDH de Santiago del Estero y representante legal, en esta causa, de Darío Godoy (26), quien resultó herido de bala durante el ataque por el que se acusa a Javier Juárez. “Godoy tiene perdigones en la pierna derecha, mientras que su esposa, Viviana, que fue atacada a patadas, trompadas y culatazos, ya está recuperada físicamente, pero está muy mal en lo psicológico. Tiene miedo de volver a su casa y de lo que puede pasar con sus hijos”, explicó Ferreira. A la mujer se le dio el alta, pero sigue en el Hospital de Monte Quemado, cuidando a su esposo.
Por el hecho también fueron detenidos Walter Juárez –otro hermano de Javier–, Mario René y Carlos Gregorio Abregú, mientras que se había pedido la captura del empresario Ciccioli, que ayer se presentó ante el juzgado, y de Hugo Juárez, quien sigue prófugo. Mientras, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dio ayer un primer paso para tratar de paliar la crisis provocada por el hecho de sangre.
En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete provincial, Elías Suárez, anunció la suspensión de los desmontes por el término de 180 días. El funcionario anunció, además, la creación de una comisión integrada por miembros del Comité de Emergencia, la policía provincial y la Dirección de Bosques. Ese organismo se reunirá con las organizaciones sociales y de campesinos para analizar “caso por caso” los litigios de tierras existentes en la provincia. Suárez se comprometió a buscar una “solución real” del problema para evitar que “se repitan situaciones de violencia como la ocurrida”.
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