A un año del asesinato de Roberto López durante una represión a la comunidad qom La Primavera por parte de la policía formoseña, organismos de derechos humanos respaldaron un pedido para que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner otorgue una audiencia al cacique Félix Díaz. Los presidentes del CELS, el Serpaj, la APDH y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresaron que “resulta imprescindible un firme compromiso de la Nación para dar respuestas a los graves problemas” que sufren los qom en cuanto al ejercicio de su “derecho sobre las tierras”.

El 23 de noviembre de 2010, la policía provincial realizó una violento desalojo de la comunidad que cortaban desde julio la Ruta Nacional 86 en reclamo de tierras de propiedad ancestral, unas cinco mil hectáreas cedidas por el gobierno nacional en 1940, pero que ahora son ocupadas por la familia de Alberto Celía, el Estado nacional, a través del Parque Nacional Río Pilcomayo, y Formosa. En repudio a esos hechos, los qom se movilizaron a Buenos Aires, donde acamparon por más de cinco meses.

Hoy, dice la carta enviada a la Presidenta, “la comunidad vive en una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento”: el 8 de noviembre último, según denunciaron los qom, el hijo y el nieto de Díaz fueron perseguidos a tiros por personal de Celía, mientras que en septiembre último, dos viviendas de la comunidad fueron incendiadas intencionalmente, a pesar de que Gendarmería custodia la seguridad personal de los qom.

En cuanto a las tierras “el problema es que, pese a haber recibido el reconocimiento de su personería jurídica de derecho indígena y de haber realizado elecciones en junio pasado, acorde con lo solicitado, el gobierno de Formosa continúa desconociendo su derecho de propiedad”, sostuvo la abogada del CELS, Lourdes Bascary.

El texto dirigido a la Presidenta destaca que Formosa “se ha mostrado reticente a avanzar en las soluciones propuestas por la Mesa de Diálogo e, incluso, ha tratado de obstaculizar su trabajo”. “No han respetado la periodicidad prevista para el funcionamiento de la entidad” ni ha respondido las notas enviadas durante el mes de septiembre. El ministro de Gobierno provincial, Jorge González, negó que se hubiera tratado de frenar el trabajo y señaló que las diferencias ocurridas ese mes se debieron a que “los temas que querían tratar no estaban en agenda”.

Según Díaz, “el gobierno provincial argumenta que la discusión territorial es un tema judicial, cuando la Justicia sólo trata el tema de la represión”. El juez Santos Gabriel Garzón liberó, al menos hasta una condena firme, a los dos policías imputados.

Informe: Rocío Magnani.