El caso de Humberto Ruiz ya tiene pedido de elevación a juicio. Más conocido como Sapito –apodo para los ajenos y nombre de uso cotidiano para quienes lo conocieron–, Ruiz murió a las 10 de la mañana del 5 de abril pasado cuando, en el término de dos horas, dos ambulancias del SAME se negaron a entrar en la Villa 31, pese a contar con custodia policial, para atenderlo de sus convulsiones epilépticas que, finalmente, le provocaron la muerte. Al día siguiente, la prensa en general difundió el corte de la Autopista Illia, provocado como protesta por los amigos y vecinos de Sapito. En esa misma edición, Página/12 recorría, sin custodia policial, las calles internas de la villa para describirles a sus lectores por dónde deberían haber pasado las dos médicas ahora acusadas de abandono de persona seguido de muerte, con una posible condena de entre 5 y 15 años.

El pedido de elevación a juicio contra las médicas del SAME Eva Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela fue presentado tanto por el equipo A de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad, a cargo de Daniela Dupuy, como por los familiares de Sapito Ruiz, representados por el abogado Emiliano Gareca. El pedido recayó en el Juzgado 9 Contravencional y de Faltas, a cargo de la jueza María Laura Martínez Vega. En la ciudad, los mismos jueces que deben atender las multitudes de reclamos y descargos por multas de tránsito y otros problemas menores deben atender casos como éste, que raya lo inédito por el delito, como por la condena que se juega. Por lo tanto, la especulación sobre fechas en caso de que se decida elevar a juicio bordea lo incierto.

Tanto la fiscalía como la querella coinciden en que quedó probado que las médicas se negaron, primero Rodríguez alrededor de las 7 de la mañana, y luego Tela, alrededor de las 9, a recorrer los 200 metros que separan el Correo Viejo, en el exterior de la villa, de la casa 24, manzana 22, donde la familia de Humberto Ruiz se desesperaba en su espera.

Presentaron unos 30 testigos entre los que fueron incluidos, además de los familiares de Sapito, cuatro uniformados de la comisaría 46ª, que es la que ofreció acompañar a las médicas hasta la casa 24, incluido el comisario. Los operadores telefónicos del SAME, los choferes de ambas ambulancias, que no están responsabilizados porque según los protocolos quien ordena la práctica a seguir es el médico, mientras que el chofer, si el médico se negara, no podría atender por su cuenta porque no está capacitado. Médicos y operadores del Hospital Fernández, de donde fueron derivadas las ambulancias y los profesionales que elaboraron la historia clínica de Humberto Ruiz, que era atendido en ese lugar por su afección. También deberá asistir el director del SAME, Salvador Crescenti, quien aportará los protocolos de actuación médica en emergentología y las prácticas del SAME.

Entre las pruebas que se aportarán figuran las desgrabaciones de las comunicaciones radiofónicas entre los operadores del SAME y los choferes de las ambulancias. De una de esas comunicaciones, tal como informó este diario en su edición del 13 de abril, se puede escuchar a uno de los choferes explicar al operador: “Yo ya me retiré del Correo, yo no me voy a quedar más porque en cualquier momento van a venir todos los negros y van a armar un bardo terrible. No voy a entrar adentro de la villa si no sacan al paciente. Ellos dicen que no hay forma de sacarlo, le dije: ‘Sacalo con un carro, que es más fácil que una camilla’. A Sapito, finalmente, no lo sacaron ni con carro, mucho menos en camilla. Lo llevaron entre familiares y vecinos, en una puerta que desmontaron y usaron a modo de transporte. Cuando llegaron al Correo Viejo, la ambulancia ya no estaba.

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