Comerciantes de Florida cortaron Corrientes, como ya lo habían hecho en los tres días anteriores.
Imagen: DyN.

Una “propuesta superadora” contra la venta callejera ilegal fue presentada ayer por el defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo. Centrada en las calles Perú/Florida y la avenida Pueyrredón, se basa en distinguir, por una parte, a los artesanos, cuyos productos no compiten con los que se venden en negocios; por otra parte, a los “manteros”, explotados por organizaciones ilegales. En Florida/Perú, la Defensoría General censó a 260 artesanos y 350 manteros. Para los primeros, se habilitarían “islas” a lo largo de la arteria. Los segundos, organizados en cooperativas, trabajarían en la plaza Roberto Arlt y la de Suipacha 120. Los vendedores de la avenida Pueyrredón se trasladarían a plaza Miserere. Diego Santilli, ministro de Espacio Público porteño, prometió dar una respuesta la semana que viene y aclaró que “la solución debe discutirse en la Legislatura”. Entretanto, comerciantes afectados cortaron, por cuarto día consecutivo, la avenida Corrientes, y organizaciones empresarias pidieron “rápida solución”.

El censo de la Defensoría General se concretó entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre: en Florida y su continuación, Perú, los 260 artesanos registrados serían dispuestos en lo que la propuesta de Gallardo denomina “columna vertebral artesanal”: la compondrían cinco “islas artesanales, de cuatro metros de largo cada una, a razón de 20 metros por cuadra, liberando el resto para la circulación peatonal”. Habría también cinco “islas de variedades”, reservadas para artistas callejeros. Cada isla contaría con un “radio de protección”, que la preservaría “de cualquier otra actividad comercial o artística”.

En cuanto a los manteros, se plantea la “emancipación de los vendedores ambulantes” de los “vínculos laborales perniciosos” con “organizaciones que comercializan productos cuyo origen y circulación pueden ser ilícitos”. Se promueve su cooperativización en el marco de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)” y su “relocalización en las plazas Roberto Arlt y de Suipacha 120, a partir de infraestructura construida por el Gobierno de la Ciudad”.

La transición hasta el funcionamiento de las cooperativas contaría con “una cobertura de reconversión laboral, financiada por los gobiernos nacional y de la Ciudad, consistente en 1200 pesos durante un año”. Y se abriría “un registro para actividades como los servicios de lustrabotas”.

En cuanto a los vendedores de la avenida Pueyrredón –se censaron 310, y no hay artesanos–, también se promueve la “emancipación de las organizaciones que los explotan”, la cooperativización en el marco de la CTEP, su “relocalización en la plaza Miserere”, la cobertura de 1200 pesos y un “registro que incluya a los vendedores de alimentos y servicios”.

Estas soluciones serían monitoreadas por “comités de gestión tripartitos entre el Gobierno de la Ciudad, la Defensoría General y las organizaciones de artesanos y vendedores”.

–¿Cómo se evitaría que esas organizaciones ilegales volvieran a establecerse en el espacio público? –preguntó Página/12.

–El Gobierno de la Ciudad, mediante la Policía Metropolitana y sus inspectores, deberá garantizar la no reocupación mediante una labor preventiva: no esperar a que se sumen centenares de vendedores para sacarlos a palos –contestó Gallardo–. Y las nuevas cooperativas, para proteger sus lugares de trabajo, estarán interesada en denunciar todo intento de ocupación.

Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, ante el cual la Defensoría presentó su propuesta, anunció que “la semana que viene daremos respuesta”, y aclaró que “la solución debe discutirse en la Legislatura, no por decreto”. También Santilli distinguió “entre los artesanos y las organizaciones mafiosas”.

Ayer, comerciantes de la calle Florida cortaron Corrientes, como ya lo habían hecho en las tres jornadas anteriores. Héctor López Moreno, de la Asociación de Amigos de la Calle Florida, anticipó que “el tránsito se seguirá cortando todos los días hasta que se resuelva el tema”. Osvaldo Cornide, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que “si en 30 días no hay una solución, los dueños de los negocios dejarán de pagar los impuestos y habrá cortes de calles en distintos lugares de la Ciudad”. También la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales de la Argentina (Cadmira) manifestó su “rechazo a toda práctica de comercio ilegal y ocupación indebida del espacio público”. Jorge Luis Cevasco, fiscal general adjunto de la ciudad de Buenos Aires, sostuvo que “los consumidores no deberían comprar productos de venta ilegal, que implican la esclavización de personas”.