La Justicia rechazó ayer un pedido del sacerdote Julio Cesar Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de menores, para apartar del caso al fiscal de Morón Alejandro Varela, quien había pedido su arresto. Además, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón solicitó que el mediático abogado penalista Fernando Burlando se presente en esa sede judicial el próximo 5 de diciembre para confirmar o desmentir que se reunió con el sacerdote en la Fundación Felices los Niños antes de convertirse en abogado de la madre de Candela Rodríguez, la nena secuestrada y asesinada en Villa Tessei. Es que el cura tiene prohibido ingresar a esa institución como requisito para seguir gozando de la prisión domiciliaria.

Pese a estar condenado, Grassi sigue libre, pero podría perder ese beneficio si se prueba que estuvo en la Fundación, un lugar al que no puede concurrir desde que se inicio la investigación por el abuso sexual de varios de sus pupilos. En un artículo publicado el 23 de octubre pasado en el diario La Nación, Burlando, representante legal de Carola Labrador, expresó: “El padre Grassi es el apoyo espiritual de la madre de Candela de toda la vida. El me llamó para que fuera a verlo a la Fundación. Yo fui. Me pidió esto y lo hice”.

En base a esta declaración, Juan Pablo Gallego, abogado querellante, y el fiscal Varela presentaron una denuncia el 11 de noviembre pasado. El letrado también adjuntó un video donde Grassi viola otra de las condiciones impuestas por la Justicia para quedar libre mientras el fallo no esté firme: no hablar públicamente de las personas que lo acusaron. Sin embargo el sacerdote dio una entrevista en televisión en la que calificó de “mentiroso” al joven por cuya denuncia resultó condenado. Fue en esa misma entrevista en la que pidió que le “pongan la droga de la verdad”. Enterado de que reclamaban su arresto, Grassi afirmó públicamente que nunca había estado en la Fundación, denunció una “burda maniobra” para detenerlo y su defensa pidió la recusación del fiscal. Sin embargo, el Tribunal no hizo lugar al planteo por considerar que el funcionario no había perdido la imparcialidad por pedir su arresto. El sacerdote fue condenado en 2010 en un fallo que fue confirmado por la Cámara de Casación Penal bonaerense. Su situación judicial se encuentra en una instancia final: sólo resta que la Suprema Corte de Justicia de esa provincia se expida sobre la sentencia.