La Asesoría General Tutelar (AGT) porteña y legisladores nacionales presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que prohíbe la detención de niños y adolescentes de hasta 16 años en comisarías, dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad. Esta iniciativa busca adecuar el ordenamiento jurídico interno a la normativa nacional e internacional de derechos humanos, en lo que refiere a la Justicia penal juvenil. Acompañó la propuesta la representante del Comité de Naciones Unidas para la Convención de los Derechos del Niño, Marta Maurás.

El proyecto expresa dentro de su articulado que “toda privación de la libertad, detención, alojamiento o aprehensión de personas menores de edad se debe realizar en centros adaptados de detención transitoria, que cuenten con personal no policial capacitado en materia de derechos de la infancia, que no porte armas ni tenga relación de dependencia con ninguna fuerza de seguridad”. Sin embargo, en nuestro país “hay muchos casos de menores edad privados de su libertad por tiempo indeterminado y que muchas veces se encuentran alojados en conjunto con personas mayores”, señaló la diputada María Luisa Storani.

La iniciativa surge a partir de un informe presentado este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte sobre “la necesidad de que los niños privados de libertad estén alojados en lugares distintos que los adultos, es decir, en centros especializados”. Además apunta a que “para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente en lo que refiere a su integridad personal, es indispensable que se los separe de los adultos en las celdas”.

La presentación estuvo a cargo de la titular de la AGT, Laura Musa; la diputada Storani y el presidente de la Fundación Sur, Emilio García Méndez. Adhieren al proyecto los legisladores Victoria Donda, Cecilia Merchán, Ricardo Alfonsín, Remo Carlotto y Horacio Piemonte, entre otros. Musa indicó que la participación de la AGT en el tema obedece a un hábeas corpus presentado hace tres años para que las personas menores de edad no sean detenidas en comisarías. “Esta acción, que acompañó la Defensoría General de la Ciudad, fue exitosa y se corrobora con la creación del centro de identificación y alojamiento ubicado en la calle Tacuarí, en la Ciudad de Buenos Aires”, continúo Musa. Ese centro es el único del país que cumple con los estándares fijados por Naciones Unidas en materia de derechos de la infancia.

Por su parte, Maurás sostuvo que “el proyecto es simple, pero muy claro en su articulado”, respecto del derecho fundamental reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. Ese organismo, hace un año, realizó un informe sobre el Estado argentino recomendando que “la Nación adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la privación de libertad tenga un lugar de conformidad con la ley y respete los derechos de los menores”. Luego, García Méndez hizo un llamado a que “todas las organizaciones sociales y fuerzas políticas avancen en la aprobación de un ley que prohíba que todo menor de 16 años esté privado de libertad sin las garantías del debido proceso, como actualmente sucede a consecuencia de un régimen de minoridad –Decreto Ley 22.782– herencia de la última dictadura”.