“Siempre es bueno tener a Dios del lado de uno”, dijo el secretario de Obras Públicas porteño, Abel Fatala. Acababa de firmar la resolución que prohíbe a los colectivos circular por el casco histórico porteño cuando supo que el cura Francisco Delamer, párroco de la iglesia de San Ignacio, se plantó sobre la calle Bolívar, frente al templo, acompañado por un grupo de vecinos, y haciendo sonar un silbato obligó a los colectivos a desviar por la calle Alsina. El sacerdote, en un improvisado piquete, logró lo que hasta entonces el gobierno porteño no pudo implementar y las autoridades nacionales no quisieron cumplir: aplicar la ley 954, que prohíbe la circulación de colectivos por la zona histórica de la ciudad, para preservar a los edificios antiguos de esa área. “Si el lobby de las empresas de autotransporte tiene injerencia en el gobierno nacional, nosotros somos ajenos a eso”, argumentó Fatala, al decretar el cese de las negociaciones con las autoridades nacionales del área de transporte. La prohibición rige desde este mediodía: los empresarios la acatarán, pero anunciaron que recurrirán a la Justicia.
La prohibición se hará efectiva con la intervención de la Policía Federal, que multará a los ómnibus que no acaten la medida, anunció Fatala. De todas formas, la ley no se cumplirá tal como la sancionó la Legislatura: se permitirá que los colectivos ingresen por Perú, hasta Moreno, para subir por esa calle hasta Diagonal Sur, cuando la ley prohíbe el ingreso de ómnibus por Perú, desde la avenida Belgrano. “En una segunda etapa vamos a habilitar un contracarril en Belgrano, para que los colectivos suban hasta Diagonal Sur, hacia el Oeste, sobre la mano derecha”, anunció Fatala a Página/12.
La norma –una iniciativa del diputado Julio Vitobello sancionada por unanimidad– prohíbe que los colectivos transiten por las calles Bolívar, Defensa y Balcarce, entre Belgrano e Yrigoyen; por Alsina y Moreno, entre Perú y Paseo Colón, y por Perú, entre Belgrano y Diagonal Sur. Su objetivo es evitar las vibraciones del tránsito pesado que pueden producir daños en los edificios más antiguos de la ciudad: la ex Procuraduría Jesuítica, la Antigua Junta de Representantes, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la iglesia de San Ignacio. Ese, justamente, es el edificio que presenta el mayor deterioro: una enorme grieta en su frente pone en riesgo su estructura.
Fue el párroco de esa iglesia el que salió ayer a la calle. “Después de tantos anuncios incumplidos, decidimos hacer cumplir nosotros la medida, en forma simbólica, durante una hora, para demostrar que es posible”, dijo el sacerdote a Página/12. “Recibimos el apoyo de vecinos, de gente de la Manzana de las Luces y del Casco Histórico. Y los chicos del Nacional nos hicieron el aguante, repartiendo volantes”, relató el cura.
Poco después de la protesta se conoció la resolución firmada por Fatala. Hasta entonces, el gobierno porteño había esperado el aval de las autoridades nacionales de Transporte para poner en práctica la medida.
“No podemos tolerar más la falta de respeto de la Nación por la ciudad. Se le comunicó a la CNRT cuáles eran los nuevos recorridos y se dio un plazo de 48 horas para que dieran la aprobación. Pero no dieron ninguna respuesta”, se quejó Fatala. Su área fue la encargada de convertir la Diagonal Sur en una avenida de doble mano, que de aquí en más será utilizada por seis líneas de colectivos. Y de colocar semáforos en las dos direcciones.
“La FATAP es un lobby muy fuerte”, sostiene el padre Francisco, apelando a razones bien terrenales, cuando se le pregunta el porqué de las demoras. Por las dudas, hoy al mediodía volverá a estar en la calle. “O les corta el paso la policía, o los volvemos a parar nosotros”, advierte.