Durante 2010 se denunciaron 120 casos por torturas y malos tratos aplicados a menores de 18 años en toda la provincia de Buenos Aires. Así surge del Banco de Torturas que lleva la Defensoría de Casación de la provincia y que se informaron al Comité Internacional Contra la Tortura de la ONU. En ninguno de esos 120 casos se investigó, se juzgó o se aplicó sanción penal a personal policial. Tampoco la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense dio impulso sumarial para castigar –administrativamente– al personal policial implicado.

En lo que va de 2011, sólo en la ciudad de La Plata se denunciaron diez casos de torturas: las causas (IPP) 9730; 9731; 15553; 22508; 22091; 22818; 28128; 28714; 3260; 43654; 43608. Tales causas carecen de movimiento procesal y –nuevamente– la Dirección de Asuntos Internos no realizó ninguna actividad. Es más, tal dirección ha expresado formalmente por nota a quien esto escribe que desconoce la existencia de tales causas.

Aun cuando se pretenda, con toda razón, responsabilizar al Poder Judicial provincial por encubrir la tortura, el Ministerio de Seguridad bonaerense no posee un sistema de alerta temprana en casos de torturas como el que sí tiene hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación. Si la Justicia no avanza con la investigación, aun así la gestión actual nacional congela de inmediato aquellos legajos sospechados por abusos policiales.

En la provincia de Buenos Aires las cosas suceden a la inversa; por dar un solo ejemplo: con fecha 30 de noviembre de 2011 se dio inicio en la Justicia a la IPP 43608-11 con motivo de la denuncia de un joven de 16 años que fuera sometido a sesiones de submarino seco en la comisaría de Villa Elisa. Lejos de dar inicio a un sumario al personal policial sospechado o al menos congelar anticipadamente sus legajos, con fecha 4 de diciembre el Ministerio de Seguridad de la Provincia jerarquizó al titular de dicha dependencia al rango de subdirector del Deporte (cargo extraescalafonario si los hay).

Ahora bien, hace poco menos de una semana y con motivo de un abuso policial cometido dentro de la Legislatura bonaerense en la asunción del nuevo gabinete, el ministro de Seguridad dio inicio a un sumario interno (ISA 1050-5895/1211) para dar con los responsables, exactamente dos días antes de que se iniciara en la Justicia la correspondiente causa penal (IPP 4528211). La velocidad con la que se dio impulso al sumario para averiguar quiénes reprimieron a los jóvenes camporistas rompe con todos los criterios con los que, hasta ahora, la cartera de Seguridad investigaba los abusos de la propia fuerza. Esperemos estar ante un cambio de jurisprudencia auspicioso para el año 2012.

* Defensor Penal Juvenil de La Plata.