Docentes pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) reprobaron la gestión educativa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en una protesta realizada en el marco de “un acto de fin de curso” frente a la Jefatura de Gobierno porteña.

El examen público propuesto por el sindicato docente, y en el que el gobierno porteño desaprobó todos los puntos, tenía “asignaturas” tales como infraestructura escolar, respeto a la Constitución, relación con la comunidad educativa, diálogo, participación y condiciones de enseñar y aprender.

Al argumentar el aplazo, los docentes recalcaron, por ejemplo, la falta “más de cinco mil vacantes en jardines maternales y de infantes en la zona sur de la ciudad”.

Eduardo López, secretario general de ese sindicato, afirmó que “Bullrich sólo quiere hacer marketing con el discurso de la evaluación. Si quisiera mejorar la educación pública hubiera puesto más recursos en las escuelas”.

En el mismo acto se realizó la devolución de los estatutos “amarillos” que el ministro porteño regaló a los docentes en el Día del Maestro. El sindicalista aseguró que el gobierno porteño “imprimió miles de estatutos, que envió a cada docente con una dedicatoria del ministro Bullrich que reivindicaba el valor del estatuto”. “Pocos meses después, pasadas las elecciones –añadió López– no tuvieron ningún reparo en derogar o modificar más de 25 artículos de nuestro convenio de trabajo, sin ningún consenso con los trabajadores de la educación”, detalló el sindicalista.

López afirmó que “en los últimos años proliferaron los jardines privados que no tienen ningún control por parte del Estado y al mismo tiempo hay miles de familias, en el sur de la Ciudad, que no pueden mandar a sus hijos al jardín de infantes”. “Parecería que (Mauricio) Macri cree que en la Capital la educación es un bien de consumo y no un derecho, no entiende que la escuela pública es inclusiva, que todos los chicos deben tener las mismas posibilidades de acceso”, manifestó.

El dirigente se refirió a los hechos ocurridos días pasados en establecimientos educativos de la provincia de Salta y en el partido bonaerense de González Catán, donde niños fueron humillados por personal directivo a raíz del atraso en el pago de las cuotas (ver nota principal). “Es inadmisible que se escrache a chicos de 3 y 4 años porque sus padres deben una cuota de la escuela, hechos como éstos nos llevan a valorar la educación pública, cuyo carácter inclusivo hace inimaginables estas acciones”, sostuvo.