Mauricio Macri tiene un motivo más para festejar el año nuevo. En el último día hábil de 2011 fue sobreseído en la causa abierta por 17 denuncias de maltrato y violencia contra la hoy disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Los hechos ocurrieron durante operativos realizados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para desalojar de la vía pública, de viviendas ocupadas o de terrenos fiscales a familias pobres, cooperativas o indigentes. La medida fue adoptada por la jueza de primera instancia María Fontbona de Pombo, quien tomó a su cargo la causa que llevaba desde el comienzo su colega Facundo Cubas. En julio, el juez Cubas había dictado la “falta de mérito” de los 29 denunciados en la causa, entre ellos Macri, una medida intermedia entre el procesamiento y la eximición de cargos. Macri es el único sobreseído en esta causa, mientras sigue la investigación respecto del resto de los denunciados, incluyendo el ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo. El jefe de Gobierno, sin embargo, sigue procesado en la causa por espionaje ilegal.

“Tenemos información extraoficial sobre el sobreseimiento de Macri, pero hasta ahora no fuimos notificados formalmente, de manera que no podemos dar opinión sobre los pasos a seguir”, dijo a Página/12 uno de los abogados querellantes, Jonatan Firun. Voceros del Observatorio de Derechos Humanos, que aportó videos sobre desalojos violentos, recordaron que en sus denuncias señalaron que la UCEP estaba formada por “un cuerpo de empleados que cumplían actividades de dudosa legalidad, en perjuicio general de las personas más vulnerables, que son aquellas que expresan y operan sus derechos en el espacio público”.

La UCEP fue creada por decreto del Ejecutivo porteño el 29 de octubre de 2008. Una de las primeras denuncias, acompañadas con imágenes, fue por un desalojo de familias en el Parque Lezama, el 27 de febrero de 2009. Otros videos aportados por el Observatorio fueron sobre los violentos desalojos de un indigente en Caseros y Bernardo de Irigoyen, en Constitución (en abril de 2009); de familias de una huerta comunitaria, en Caballito (mayo de 2009), de puestos ambulantes en Costanera Sur (septiembre de 2009) y de indigentes en el barrio San Cristóbal (octubre de 2009). En uno de los casos golpearon a una embarazada, Clara Baptista, en la calle Pichincha, bajo la autopista 25 de Mayo, donde la mujer vivía junto a su pareja.

En el fallo de sobreseimiento que favorece al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la jueza Fontbona de Pombo sostuvo que su participación en los hechos de violencia presentados “aparece reducida al dictado del decreto 1223/08” que creó el organismo, que fue disuelto después del escándalo que se produjo una vez conocidas las denuncias.

Sigue abierta la causa respecto del funcionario que tenía una responsabilidad directa sobre el funcionamiento de la UCEP, el entonces ministro Piccardo, quien tuvo que renunciar a su cargo. Macri eludió tres veces presentarse a la declaración indagatoria del juez Cubas. El trámite recién se pudo hacer el 15 de junio pasado. Macri deslindó responsabilidad en los hechos y en declaraciones ante la prensa aseguró: “Si hubo alguien a título personal que cometió abusos es un tema personal de él”.

En su crítica al accionar de la UCEP, el Observatorio de DD.HH. había señalado en su momento que el modelo elegido por el gobierno porteño era “represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los más vulnerables”. Ante esa situación, el Observatorio intervino para “resguardar las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad”.