El juez Federico Arias dispuso ayer la eliminación de registros fotográficos, fílmicos o datos en órganos administrativos y policiales de la ciudad de La Plata, que permitan “la identificación de una persona menor de 18 años a quien se le atribuya la comisión de actos ilícitos”. En su fallo, el magistrado también prohibió instalar cámaras en escuelas, como ocurrió en un colegio platense en noviembre pasado por iniciativa de la intendencia. “Los books paralelos con fotos de menores existen, son ilegales y encontré un patrón sistemático de uso por parte de la policía, no son casos aislados”, aseguró a Página/12 Julián Axat Della Croce, defensor oficial ante el fuero de la Responsabilidad Juvenil y denunciante en esta causa. En 30 días el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense debería destruir todos esos registros.

En adelante, según ordena el fallo, la policía platense deberá abstenerse de tomar imágenes de menores de edad sin orden judicial, “como también de llevar registros prontuariales sobre los mismos”. Esta práctica, eliminada durante la gestión de León Arslanian en la provincia, es utilizada por los uniformados para distintos fines: marcar posibles sospechosos para conformar una rueda de reconocimiento, reclutar jóvenes para fines delictivos o amedrentarlos, también para ejercer un control social sobre determinados espacios, como el centro de La Plata, describen fuentes judiciales.

El mismo juez en lo Contencioso Administrativo ya había planteado pautas en 2008 para que la policía “se abstenga” de detener a jóvenes menores de 18 años. “Los comerciantes del centro exigían que sacaran a los chicos que pedían limosna, vendían cosas o supuestamente robaban. Y la policía los perseguía y los fotografiaba. A un mismo chico, por ejemplo, lo detuvieron 25 veces por averiguación de identidad agentes de una misma comisaría”, contó Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura.

Otra forma usual de la policía para conseguir imágenes es tomarlas en el momento de la aprehensión o durante ruedas de reconocimiento, según explicó Axat, ya que además de incorporar esas fotos al expediente, un procedimiento legal, muchas veces quedan copias en la comisaría. Por este motivo, el fallo difundido ayer establece que tras las ruedas de personas o de fotos, se proceda “a la destrucción inmediata de la imagen una vez finalizado el citado acto procesal e incorporada la misma a la causa judicial respectiva”.

Cipriano comentó que la práctica de los books de menores, pese a su ilegalidad, está muy extendida. “Muchas veces fraguan casos, algo que notamos en la confección de las actas policiales. Suelen decir que se llega a la identificación de un menor por ‘averiguaciones hechas en la comunidad’ o ‘por testigos de identidad reservada’. Incluso las mismas personas que denuncian nos comentan después que les mostraron esos libros y les pidieron que no dijeran nada después”, comentó este especialista. “En algunas comisarías tienen informatizado el registro”, agregó.

Axat señaló que la causa se hizo conocida por el Colegio 22, ubicado en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando algunos padres denunciaron que había cámaras en la entrada, dentro del patio, en la sala de recepción y el gimnasio. “El juez hizo lugar a una medida cautelar y sacaron las cámaras, pero mi denuncia englobaba otros temas referidos a la obtención y uso ilegal de imágenes de jóvenes por parte del Estado, violando el artículo 22 de la ley 26.061”, comentó el defensor.

Esta práctica policial interfirió en la investigación del asesinato del ingeniero Barrenechea en 2008 y también en crímenes no tan conocidos, dijo Axat, como un abuso sexual por el que un menor pasó ocho meses privado de la libertad, hasta que una prueba de ADN determinó que era inocente. “Además de ser ilegales, son pruebas de baja calidad”, agregó. El juez Arias resaltó que “no puede desconocerse la íntima vinculación que existe entre el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen”. Su fallo podría ser apelado por la cartera que dirige Ricardo Casal.

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