SOCIEDAD › LA METROPOLITANA INCORPORó A UN EX BONAERENSE, DESPUéS SUPO QUE HABíA SIDO EXONERADO, LO QUIEREN ECHAR Y NO PUEDEN
En su declaración jurada dijo que había renunciado voluntariamente a la Bonaerense. En la Metropolitana le creyeron y lo tomaron. Había sido exonerado por la masacre de Quilmes en 2004 y espera el juicio oral. Ahora lo quieren despedir y no pueden.
› Por Horacio Cecchi
Fernando Pedreira, un policía de la Metropolitana, desató con el Ministerio de Justicia porteño, de quien dependen los uniformados macristas, un tira y afloja ante los tribunales con motivo de la defensa de sus derechos laborales: los de la Metropolitana lo quieren echar sin causa declarada, después de tomarlo en mayo de 2009, y él no se considera despedido. Interpuso un amparo y lo obtuvo. El tira y afloja es silencioso, a ninguno de los dos le interesa divulgar nada. Se comprende: a la Metropolitana, por el papelón. Para incorporarlo no verificó si era cierto lo que declaró el aspirante bajo juramento: que había renunciado voluntariamente a la Bonaerense en busca de mejores horizontes para él y para sus hijos. Para Pedreira, porque fue exonerado de la Bonaerense, la más grave de las sanciones policiales, luego de la muerte de cuatro adolescentes en la comisaría 1ª de Quilmes, hecho conocido como la masacre de Quilmes, ocurrido el 20 de octubre de 2004 y por el cual está procesado por torturas a la espera del juicio (ver nota aparte).
A partir del 15 de mayo de 2009 el ex teniente primero de la Bonaerense Fernando Carlos Pedreira empezó a revistar con el uniforme símil neoyorquino de la Metropolitana con el legajo 241, uno de los primeros en ser incorporados, con el grado de subinspector, el tercer escalón en la carrera de los metropolitanos.
El inciso h) del artículo 47 de la Ley 2984 (de creación de la Metro) indica como impedimento para el ingreso haber “sido sancionados/as con destitución o sanción equivalente en las fuerzas policiales o de seguridad federales o provinciales u organismos de Inteligencia”. Pero alcanzó con que Pedreira indicara en su declaración jurada que no tenía antecedentes y que solicitó el retiro voluntario “buscando un mejor futuro personal y para su núcleo familiar”, para que le dieran el ok.
Mintió sobre su situación de exonerado y ocultó que estaba procesado por torturas a la espera de un juicio en Quilmes junto a otros nueve policías que participaron en la conocida como masacre de Quilmes, ocurrida en la comisaría 1ª, el 20 de octubre de 2004. Como resultado de un incendio, cuatro de los 17 adolescentes detenidos ilegalmente en las celdas murieron (ver aparte).
El entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, ordenó el pase a disponibilidad de 18 policías entre los que estaba incluido Pedreira. Asuntos Internos inició una investigación sumarial. La justicia penal de adultos abrió un expediente a cargo del fiscal Federico Nieva Woodgate. Y también la de Menores, a cargo del juez Pedro Entío, inició averiguaciones para determinar las responsabilidades por las muertes de los cuatro jóvenes.
En las tres investigaciones Pedreira se supo hacer un lugar destacado: en la de Menores, es mencionado prácticamente en todos los testimonios como uno de los más activos golpeadores durante la requisa tres horas antes del incendio, y en el posterior presunto rescate, cuando quemados, envenenados por el gas venenoso de los colchones y aterrados, todos los detenidos fueron sacados de las celdas, golpeados con bastones mientras se les saltaba la piel, según los testimonios, para que revelaran quién había iniciado el incendio.
La investigación de la justicia de Menores finalizó seis meses después, el 20 de abril de 2005. Desde esa fecha existe mención judicial de Pedreira. Al año siguiente, el 4 de octubre de 2006, el fiscal Nieva Woodgate imputó a diez policías por apremios ilegales y/o tormentos, según los casos. Pedreira fue el que más hechos reunió: apremios ilegales en diez situaciones diferentes y torturas reiteradas en siete casos, delitos a los que corresponde perpetua.
Para sumar al combo, en octubre de 2007, la directora de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Ana Pizarro, firmó la Resolución 5509, por la que sobreseyó a ocho de los diez policías investigados, suspendió provisoriamente a cuatro, cesanteó a otros cinco (funciona como un retiro anticipado) y aplicó la más grave de las sanciones, la exoneración, a uno: el futuro metropolitano Fernando Pedreira. De nada de esto estaba enterada la Metro porteña o no le daba importancia.
Pedreira lleva sin definición de culpabilidad en la Justicia más de siete años. Judicialmente, el ex Bonaerense ni siquiera tiene fecha de juicio. El 25 de noviembre de 2010 recién fue sorteado el tribunal de juicio. Le correspondió al 3 de Quilmes, conformado por los jueces Armando Topalian, Alicia Anache y Alejandro Portunato. En abril de 2011 se excusaron de intervenir, pero la Cámara de Apelaciones ordenó que continuaran con el caso. Para colmo, en agosto, la fiscal de juicio también pidió ser apartada.
A esa altura, Pedreira ya era metropolitano y, de algún modo, especulaba con que sus antecedentes pendientes se estiraran sin concretarse bajo la sábana de inocencia con la que suele cubrir el tiempo. Si el total desinterés que tenían en la Metropolitana sobre su situación procesal, más allá de la constitucional inocencia, no era justificable tratándose de un organismo de vigilancia, mucho menos comprensible es el desconocimiento de los antecedentes laborales. De todos modos, no es tan claro que quienes lo hayan tomado lo hayan hecho a ciegas: el grado de subinspector lo aplicaron en función de su experiencia anterior, a menos que también hayan creído a ciegas sobre su jerarquía en la Bonaerense.
Sorpresivamente, a Pedreira le mandaron carta documento de despido el 1º de febrero de 2010, es decir, ocho meses y medio después de haberlo tomado. Los motivos no fueron revelados pero es seguro que tampoco eran sus antecedentes, porque de ellos recién empezaron a sospechar en julio. Desde el Ministerio de Justicia porteño alegan que Pedreira estaba en el período de un año de prueba, según el artículo 8º del Estatuto de la Metro. Pedreira presentó un recurso de amparo. El caso recayó en la jueza Elena Liberatori, del fuero Contencioso Administrativo porteño, quien mientras sustancia la causa, a principios de 2011 hizo lugar al recurso porque sin importar sus antecedentes, que no fueron aportados por la Metropolitana, no puede ser despedido sin causa, por más período de prueba en que se encuentre, y ordenó reincorporarlo.
El despido, la intervención judicial y la obligada reincorporación se efectuaron sin que en Asuntos Internos de la Metropolitana (se llama Dirección de Control del Desempeño Profesional) tuvieran la menor noticia de que el díscolo Pedreira era quien era. El olfato de los sabuesos de la Metro tiene sus demoras: recién empezaron a sospechar en julio pasado, con dos años de retraso. El comisionado Carlos Alberto Misurelli, director de Control del Desempeño Profesional, envió una nota fechada el 11 de ese mes al Tribunal Nº 3 de Quilmes solicitando se abriera el expediente a los abogados de la Metro con el argumento de que en esa dirección tramita un expediente al que, erróneamente o con humor, Misurelli denomina como “averiguaciones previas”. Es decir que a esa fecha sospechaban pero no conocían los detalles.
El 26 de octubre pasado, los familiares pidieron vista del expediente al Tribunal Nº 3 para verificar novedades sobre el juicio y descubrieron por sorpresa la nota enviada por los sabuesos. Llamaron de inmediato a Misurelli para anticiparle la información que estaba pidiendo. Misurelli respondió con la premura de su dirección: abrió una vía administrativa pero jamás les dio audiencia. Cansados de esperar, llamaron más arriba, al subsecretario de Seguridad Horacio García, quien por teléfono reconoció que no sabía nada sobre Pedreira. Una semana después, el 22 de noviembre, los recibió en su despacho. Había reunido toda la información sobre su metropolitano. “Tenemos la mejor disposición –les dijo a los familiares–. Pedreira está afuera.”
Pero se sorprendió cuando los familiares le dijeron que Misurelli los había atendido un mes antes, que había recibido la información de boca de ellos y que no los recibió jamás para tratar un tema grave: haber incorporado un ex policía exonerado. García convocó al auditor externo de la Metropolitana, el contador Gustavo Morón, a quien Misurelli debería rendir cuentas. “No me dijo nada”, respondió también sorprendido Morón. “Misurelli está afuera”, dijo García.
Un mes después, Misurelli seguía a cargo de los sabuesos de olfato demorado y Pedreira, como un molesto chicle pegoteado en la suela de los zapatos de la Metro.
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