Los incendios forestales en el sur de Chile tuvieron un nuevo giro trágico con la muerte de un séptimo brigadista y ayer el gobierno hizo explícita su sospecha de que un grupo radical mapuche estaría detrás de alguno de los siniestros. El gobierno chileno presentó ayer una querella criminal e invocó la aplicación de una severa ley antiterrorista para quienes resulten responsables del incendio, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. “Hemos presentado una querella criminal donde da cuenta y se pone a disposición de los tribunales la información de que nosotros disponemos”, agregó.

Seis brigadistas murieron el jueves tras quedar atrapados por las llamas cuando combatían un incendio en la comuna de Carahue, en la región de La Araucanía, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, y ayer fue hallado el cuerpo de un séptimo. Todos habían sido contratados por Forestal Mininco para atacar un incendio en uno de sus predios. Según relató el único sobreviviente, Héctor Herrera, el grupo quedó atrapado por las llamas: “Cuando quise salir, no pude, me volví y había fuego por todos lados. La única instancia fue sacar la cantimplora y mojarme y pasar por encima del fuego”. En hospitales de la zona permanecen aún dos brigadistas heridos, aunque ninguno está en riesgo vital.

Tras confirmar la muerte de los bomberos, el presidente Sebastián Piñera denunció de inmediato una “intencionalidad criminal” en el inicio de éste y otros siniestros registrados antes en las vecinas regiones de El Bío-bío y El Maule y dijo que detrás “se esconden conductas de naturaleza terrorista”. En cambio, el alcalde de Carahue, Pedro Vera, y el comandante de bomberos de la comuna, Héctor Rebolledo, apuntaron a un descuido mientras se manipulaba leña y carbón, más los vientos y la sequía.