La igualdad está en juego: rechazamos el tratamiento del caso de la niña violada. Hay hechos que salen de las penumbras, surgen de las vidas afectadas por las más diversas penurias y que repentinamente se convierten en un llamado de naturaleza ética para el conjunto de la sociedad. No cabe sino un sentimiento de sorpresa ante un episodio de violación de una niña –síntoma social preocupante– que ha desembocado en una situación de notoria carencia de sensibilidad en relación a la víctima. Su embarazo puso a prueba el modo en que algunas instituciones resuelven este hondo drama personal y familiar, impidiendo con una suma de arbitrariedades y presiones la interrupción de la gestación en un caso en que no es punible, superadas ya las 12 semanas de gestación.

En ocasiones anteriores ya vivimos la reiteración del traslado de responsabilidades desde el ámbito médico al de la Justicia y viceversa, con interpretaciones caprichosas que provienen de un oscuro trasfondo social. Lamentamos que este caso estremecedor sea terreno para discusiones fundadas en arraigados y oscuros prejuicios, en vez de aplicarse el artículo 86 del Código Penal donde se establece de manera absolutamente clara la innecesaria autorización judicial en circunstancias como la presente.

No es comprensible el temor por los profesionales médicos para proceder según la ley y el rechazo por la Justicia de una solicitud que no debió demorarse, para poner fin a una situación de riesgos múltiples para una niña, inmadura física y psíquicamente.

Esto es un ejemplo más de la desigualdad a que las personas de menores recursos se ven enfrentadas para tener el acceso adecuado e igualitario a la salud. La recurrente problemática nos obliga a instar a las máximas autoridades del área de salud de la Nación a disponer de los recursos médicos, en casos como el presente, para que en los hospitales públicos del país se aplique la ley sin reiterar pasos dilatorios inadmisibles, que pueden ocasionar daños irreversibles a las victimas.