Los argentinos tenemos pasión por opinar con autoridad digna de mejores causas sobre los temas más diversos como si fuéramos especialistas. Fútbol, economía, tendencias, catástrofes variadas y, si mal no viene, hasta de física cuántica. Pero está visto que una de las aficiones que cultivamos con más fervor es la de involucrarnos en las causas penales más resonantes y opinar como si hubiéramos sido testigos presenciales de los hechos.

Consecuente con esta pasión, para no ser menos, habré de deslizar algunos pareceres en relación con el homicidio del gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Pero no me aventuraré en las hipótesis relacionadas con los móviles, la autoría y la responsabilidad, acerca de lo que solo he leído una escuetas líneas periodísticas y que, en realidad, no despiertan mi interés. De lo que sí quiero opinar es de la situación ambulatoria de la única imputada de la causa, la señora Susana Freydoz.

Freydoz se encuentra imputada por un homicidio calificado por el vínculo (la muerte de su esposo), que, de acuerdo con la ley penal, merece la pena de prisión perpetua. Si embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos similares, hasta el momento no ha sido detenida ni por espacio de breves instantes.

Esta circunstancia (que la señora Freydoz permanezca en libertad a pesar de encontrarse imputada de la muerte de su marido) ha despertado las más variadas especulaciones de los “especialistas”. La principal: que no está presa por su cobertura política, por su relación con el poder.

Considero que esta especulación carece de consistencia argumentativa y cae por su propio peso a poco que la analicemos. El “poder político” no es la señora Freydoz. El “poder político” lo era su esposo, el gobernador Carlos Soria. La señora Freydoz atentó contra el poder político. Si el poder político tiene alguna cuenta que cobrarse, su destinataria es Susana Freydoz.

Por otro lado, la supuesta cobertura política de que gozaría Freydoz implicaría una connivencia con los jueces, dóciles a ese poder. No conozco al juez de la causa, Emilio Stadler. Pero sí conozco de años y de compartir preocupaciones al juez subrogante, Juan Pablo Chirinos, que es quien tuvo a su cargo los primeros tramos de la instrucción y tomó la decisión de no detener a Freydoz. Puedo dar fe de que se trata de un funcionario absolutamente impermeable a las presiones políticas, si es que las mismas existieron, de lo que me permito abrigar dudas.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que Susana Freydoz permanece en libertad, a pesar de encontrarse imputada de un crimen tan grave?

No creo que exista una causa única. Ciertamente, la señora Freydoz pertenece al círculo social de los que habitualmente no van presos por sus delitos, lo cual constituye un condicionamiento intrínseco a la administración de justicia, que por lo general posa su mirada en otros sectores sociales menos aventajados. Es probable también que juegue a su favor el género y su condición de mujer destratada.

Pero ésas también son especulaciones, carentes de rigor para el caso concreto. Lo que no carece de rigor y es tan cierto que se encuentra estampado en el artículo 18 de la Constitución es que las personas sospechadas por la comisión de un delito no deben ser encarceladas hasta que una sentencia condenatoria, firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, así lo disponga. El encarcelamiento de sospechosos es un anticipo de condena sin sentencia, inadmisible para un estado de derecho que se precie de tal.

Ciertamente, como decíamos al comienzo, la situación procesal de que goza la señora Freydoz no es la que tienen la mayoría de los imputados por idénticos o parecidos delitos. Pero no hay que emparejar para abajo. Lo que hay que hacer es reclamar que las personas jurídicamente inocentes que pueblan nuestras cárceles puedan gozar de idéntico derecho que Susana Freydoz.

Entonces, no debería horrorizarnos que Susana Freydoz se encuentre en libertad a la espera de su juicio. Lo que debe horrorizarnos son los miles de presos sin condena, muchos de los cuales terminarán absueltos al cabo de sus juicios o con condenas inferiores al tiempo de su encierro cautelar y a los que no habrá indemnización capaz de restituirles el agravio a su dignidad humana.

* Juez penal bonaerense. Presidente de la Asociación Pensamiento Penal.