Bahía Blanca está dividida. La empresa nacional de energía, Enarsa, y la petrolera YPF desarrollaron un proyecto para la construcción de una terminal de regasificación, que se ubicará sobre un estuario natural de enorme importancia ecosistémica. Científicos, universidades y vecinos denuncian que el emprendimiento provocará “un impacto irreversible”, eliminando el hábitat de gaviotas cangrejeras, lobos marinos, aves migratorias y delfines; en tanto, los pescadores artesanales perderán la fuente de sustento de la que han vivido por generaciones. El municipio se manifestó a favor, ya que pretende aprovechar las obras para la instalación de un nuevo polo industrial, y dejó en manos de la provincia la resolución del conflicto.

El Proyecto GNL (gas natural licuado) Puerto Cuatreros fue presentado en septiembre de 2011 y consiste en la construcción de un muelle doble en la zona interior de la ría de Bahía Blanca, ubicada entre los arroyos Pejerrey y Maldonado, en la localidad de General Cerri, específicamente a 20 cuadras de su poblado. La obra permitirá ampliar la oferta de gas natural del país, pero además, según YPF, implicará una mayor actividad económica y productiva a nivel local.

Es que para que los buques metaneros, portadores del GNL, puedan arribar al puerto proyectado, deberán realizarse obras de dragado –ampliación a 14 metros de profundidad– del canal de acceso al estuario, donde hoy sería imposible la navegación de buques de ese porte. El material extraído en esos procedimientos será utilizado para construir dos grandes islas “en forma de dedo” que sumarán unas 200 hectáreas destinadas a este proyecto y a la instalación de otros emprendimientos industriales. Y, de ese modo, la obra permitirá el surgimiento del nuevo polo industrial proyectado por el municipio y la duplicación de la capacidad operativa del puerto actual.

“La idea es que Bahía Blanca retome el perfil industrial que alguna vez tuvo y el proyecto, en ese sentido, es favorable para el crecimiento de la zona”, argumentó a Página/12 el secretario de Gobierno comunal, Fabián Lliteras. “Estas iniciativas siempre tienen consecuencias sobre el ambiente, pero nuestro municipio entiende que hay que analizar el proyecto en su conjunto. Y, además, según el estudio de impacto ambiental (realizado por YPF-Enarsa), las consecuencias podrán ser mitigadas en poco tiempo.”

El zoólogo, especialista en las aves migratorias de la zona, Pablo Petracci, opina que eso es falso. “El impacto va a ser irreversible. No hay forma de mitigar ni de compensar los daños que el dragado del estuario va a tener sobre el ecosistema”, afirma. En ese sentido, lo avalan especialistas de la Universidad Nacional del Sur, la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Instituto de Oceanografía (IADO) del Conicet. Las tres instituciones coinciden en que el estudio encargado por YPF-Enarsa contiene “falencias técnicas, inconsistencias, omisiones o carencias de información relevante”. Ni YPF ni Enarsa contestaron los llamados de este diario.

El impacto del dragado, aporta Petracci, será “la pérdida de importantes funciones ecosistémicas que aporta el humedal costero, como la regulación del régimen hídrico que protege a las costas de Bahía Blanca de inundaciones y de la erosión costera”. Los estuarios, explicó, son fuente de biodiversidad, productores de alimento y logran fijar contaminantes para evitar que vayan al suelo.

Además es un recurso de valor cultural, turístico y científico. Fue declarado Area de Importancia para la Conservación de Aves (Aicas) e identificado como una de las 20 áreas prioritarias de conservación de aves migratorias de la zona austral de América del Sur, especies protegidas en nuestro país por la Ley de la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) del que la Argentina es firmante.

Entre otras organizaciones, expresaron su preocupación por el proyecto, la Fundación Humedales –Wetlands International–, Wildlife Conservation Society, Manomet Center for Conservation Sciences, Fundación Vida Silvestre Argentina. También lo hizo la subsecretaria de planificación ambiental de la Secretaría de Ambiente nacional, Silvia Alicia Révora, que en una carta al intendente expresó que “la realización del megaproyecto provocará cambios estructurales y funcionales en este sector del ecosistema estuarial que no han sido evaluados”.

Entre las especies que perderán su hábitat se encuentra el emblema de Bahía Blanca, la gaviota cangrejera, actualmente en extinción. También estarán condenadas las gaviotas capucho, aves migratorias compartidas con Estados Unidos y Canadá, delfines, cangrejales, guanacos, garzas, cisnes coscorobas, flamencos y lobos marinos, entre otros animales.

Como ordena la legislación municipal, en noviembre último se realizó una audiencia pública para debatir el proyecto. En el encuentro se plantearon dos modelos de ciudad, la del “perfil industrial” y la de Bahía Blanca rica en naturaleza, reservorio de diversidad. Quienes se paran sobre la segunda opción aclararon que eso no quita su compromiso para con el desarrollo local y el abastecimiento de energía al sistema nacional. “La planta regasificadora podría localizarse en una ubicación alternativa”, alegaron.

Informe: R. M.