Desde el mediodía de ayer, el músico Piero De Benedictis es un prófugo de la Justicia argentina, que ordenó su captura, la de su esposa y una ex empleada administrativa de la Fundación Buenas Ondas, en el marco de un juicio por presunto fraude al Estado bonaerense. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 5 de La Plata ordenó la captura del artista un día después de haberlo declarado “en rebeldía” por negarse a asistir al inicio del debate oral. “La causa se inició hace nueve años y medio, pero nunca llegó a nada concreto” porque durante el proceso resultaron extraviados documentos que desmentían la presunta malversación, aseguró a este diario Miguel Angel Pierri, abogado defensor de los tres prófugos. Piero prefirió no presentarse y dejar que se dictara una orden de captura en su contra porque “no tiene garantías para su defensa”, dijo el letrado, quien ayer, además, aseguró desconocer el paradero de su defendido. La causa prescribe el miércoles de la semana próxima.

La causa se inició en 2002 para investigar la acusación por presunto manejo irregular de 40 subsidios que la Subsecretaría de Minoridad provincial había destinado a la Fundación Buenas Ondas, dirigida por De Benedictis. Ese dinero debía traducirse en becas de estudio en la ecogranja educativa, pero, de acuerdo con la acusación, nunca se implementaron. Por ello la Justicia ordenó investigar, además de al cantante, a la vicepresidenta de la fundación y esposa de De Benedictis, Mariana Schettini, el tesorero Gustavo Solanas y la secretaria Susana Molinari, quien había sido imputada pero finalmente quedó al margen de la causa porque nunca había sido debidamente notificada del inicio del juicio.

Tras la formalización del pedido de captura, la fiscal Helena de la Cruz Orsi pidió a la Dirección Nacional de Migraciones información acerca de si alguno de los tres acusados salió del país, en cuyo caso, adelantó, pedirá al Tribunal, integrado por María Isabel Martiarena, Carmen Palacios Arias y Claudio Bernard que demande captura internacional.

Ayer, el abogado Pierri, a cargo de la defensa “desde hace cinco meses”, solicitó a los jueces que suspendieran la condición de “rebeldía” aplicada a sus clientes. Aunque la demanda fue rechazada, el debate público, que debía comenzar el lunes, siguió postergado por la ausencia de los imputados. Pero, por otra parte, además de esa causa que tramita en el TOC, explicó Pierri, “hemos presentado ante la Sala I de Casación penal” un hábeas corpus, porque al principio de la causa “pasó algo terrible”. De Benedictis había “presentado 3500 comprobantes originales (del destino de los fondos presuntamente malversados), cuyo recibo acusó el Juzgado de Garantías Nº1. En ese momento, el juez que estaba a cargo ordenó una auditoría y una pericia integral sobre esa documental. Y esa documentación se perdió”.

Por ello, “nunca se pudo llevar a cabo la auditoría” y “la pericia tampoco se llevó a cabo”. Así “se pidió el sobreseimiento”, algo a lo que “el fiscal de primera instancia no se oponía, pero que tampoco podía hacer porque no contaba con resultados de pericias ni con la documental. Desde entonces, a pesar de que en la causa está asentado que se recibió ese material, se inicia una búsqueda y no pasa nada. Pero por eso mismo esta causa nunca podría haber salido de la instrucción”.

La causa comenzó a ser investigada por los fiscales Gabriel Sagastume y Virginia Bravo en 2002, cuando De Benedictis era subsecretario de Cultura bonaerense. De acuerdo con la hipótesis de esa fiscalía, los imputados “defraudaron al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia de Buenos Aires, percibiendo en su provecho sumas de dinero destinadas a becas de estudio para alumnos que debían concurrir a un centro de día”, de Los Cardales, la Fundación Buenas Ondas. La denuncia había sido formulada por la entonces subsecretaria de Minoridad, Cristina Tabolaro, quien advirtió la existencia de un convenio entre ese ministerio y la Fundación Buenas Ondas por el que se “le otorgaban a la institución cuarenta medias becas mensuales destinadas a la atención de niños y adolescentes en situación de riesgo social”. Inspecciones al predio dieron cuenta de “la ausencia de los menores”, quienes, según la acusación, declararon que “nunca asistieron como alumnos al establecimiento”.