Alejandro Penczarski está alojado desde hace tres años en Campo de Mayo, una de las unidades penitenciarias de Gendarmería. La Justicia lo trasladó allí para protegerlo después de sus denuncias contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF), consideradas claves en la megacausa que investiga el juez Alberto Baños por la trama de corrupción en la ex cárcel de Caseros. Desde entonces, Penczarski comparte su celda con otros tres detenidos, también claves en esa investigación. El viernes pasado ellos y sus familiares supieron que está por abrirse ahora una suerte de pase a retiro: por cuestiones presupuestarias, en treinta días la Gendarmería está obligada a desagotar sus cárceles, y en ese paquete están incluidos estos testigos que pasarán nuevamente a disposición del SPF. Hace dos días Penczarski le escribió una carta al juez Baños: “El magistrado desconoce –dice allí– no sólo la gravedad del caso sino que mi estadía en el SPF sería ir a una muerte segura”.
En este momento, la causa y el destino de Penczarski está en manos del juzgado de ejecución penal Nº 1 de Capital, desde donde el viernes pasado se dispuso el traslado. El juez Delgado lo derivará a uno de los pabellones de la cárcel de Ezeiza, una de las unidades federales de la provincia de Buenos Aires, controlada por los hombres del SPF. Para el detenido y para su familia, esta resolución tiene las características de una condena a muerte: están convencidos de que con ese traslado, Penczarski pagará los costos por haber hablado de más.
“¿Se entiende lo que nos pasa?”, dice, desesperada, Gabriela Alejandra, la esposa de Alejandro Penczarski, que desde la detención sigue cada uno de sus movimientos. “Hasta ahora yo creía que estaba peleándome con un juez por esta medida –explica–, pero ahora me doy cuenta de que no es un juez, que me estoy enfrentando a la orden de un Ministerio.” Gabriela acaba de saber en estos días que la decisión que tomó Delgado es la misma que tomará el resto de los jueces que tienen en manos causas con los detenidos en alguna de las sedes de la Gendarmería en todo el país. A pedido de esa fuerza y desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, los magistrados recibieron una orden para que en menos de treinta días resolvieran los destinos de los presos alojados en estos centros de detención. Esta medida, que alcanzará a algo más de cien personas, fue admitida sólo en parte ayer por voceros del ministro Juan José Alvarez. De acuerdo con esas fuentes, los traslados serán sólo entre los presos detenidos en las provincias del norte del país. Sin embargo, la información que recibieron los familiares desde los distintos juzgados es distinta. De acuerdo con esa versión, los traslados también incluyen a los alojados en el Escuadrón Buenos Aires y Campo de Mayo, donde están los cuatro testigos de la causa de Baños.
“Señor juez –escribió Penczarski a Baños–, el doctor Delgado ya realizó tratativas y dispuso por supuesto el traslado... Y sean cual sean las medidas, a mí nadie me garantiza la vida, y esto doctor Baños usted lo sabe.”
El juez Baños conoce esos detalles desde abril de 2000, cuando Penczarski denunció en su despacho que desde el Servicio Penitenciario le habían encomendado que lo matara. Para entonces, el juez ya investigaba las denuncias de corrupción dentro de las dependencias de la ex cárcel de Caseros, donde los presos salían a robar a instancias de los funcionarios del penal. De aquel momento a esta parte, Penczarski –uno de los antiguos hombres vinculados con la Superbanda–, se convirtió en uno de los testigos centrales de este proceso. Junto a él, la investigación cuenta con los testimonios de otros tres compañeros de prisión alojados hasta ahora y como medida de protección en Campo de Mayo. Entre esos testigos, está el autor de las denuncias por el caso del restaurante Dolli, Alejandro Núñez y Guillermo “El Concheto” Alvarez, uno de los hombres que fue torturado en enero de 2002 cuando la Justicia lo convocó para que detallara la entrada y salida de algunos de los presos de Caseros enviadosa robar por algunos de los hombres del SPF. En esa oportunidad, su abogado dejó sentada una denuncia por apremios ilegales en la sala IV de la Cámara del Crimen. A Alvarez lo habían intentado acuchillar con una faca dentro del penal cuando lo trasladaban desde su celda a los sectores de los baños.
Este mismo tipo de resolución es el que teme ahora Paula, su mujer, y también es el que aventura Roberto Medida, el abogado defensor de Penczarski. “Con su denuncia –dice el abogado–, Alejandro logró crearse enemigos de los dos bandos, de sus compañeros y de los guardiacárceles. Aún más –sigue–, cuando lo trasladen pueden inventarle una fuga y en ese escenario puede ocurrirle lo peor.”
La orden para el traslado al pabellón K de Ezeiza ya fue dispuesta, pero aún no está firme. Medina interpuso ahora un recurso de casación para evitarlo. Penczarski en tanto, ya fue notificado, y ahora sólo espera.