El juez federal Claudio Bonadío dispuso el secreto de los trabajos periciales que se están realizando en Once para establecer las razones por las cuales el tren 3772 no frenó al llegar a la estación. El magistrado sostuvo que toma la medida “para evitar que la propagación de resultados parciales genere confusión y sean utilizados en campañas periodísticas resultando perjudicadas las víctimas y la población en general”. La medida de Bonadío consiste básicamente en que los peritos no podrán revelar detalles de sus trabajos, salvo a quienes los contrataron. También ayer, el juez rechazó el planteo de un abogado mediático que, en representación de grupo de heridos, se opuso a que Bonadío haya aceptado al Estado como parte querellante. “A un querellante le está vedado pedir el apartamiento de otro. Esa facultad corresponde al imputado o a su defensa”, dictaminó el magistrado.

Bonadío estableció el secreto sobre las pericias luego de una reunión con los ingenieros, especialistas en ferrocarriles, que están haciendo los trabajos. Terminado el encuentro, el juez hizo firmar a todos la constancia de que leyeron la resolución, así que el texto tiene al pie la rúbrica de Julio Pastine, perito de trenes de Buenos Aires; Horacio Fagiani, perito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Alejandro Leonetti, perito por el Estado nacional; Carlos Díaz, por el maquinista Marcos Antonio Córdoba, y los peritos oficiales Juan Alfredo Brito; Néstor Luzuriaga y Raúl Díaz, dos de la Universidad de Buenos Aires y el otro de la Corte Suprema.

En el texto, el juez afirma que no quiere “una imagen mediáticamente construida que la población se haya hecho y que eso quede confrontado con las conclusiones de los peritajes y las constancias de la causa”. O sea que el magistrado sostiene que el conocimiento de los trabajos puede dar ideas equivocadas, que no se ajusten a la realidad y que pueden llegar a ser interesadas. Bonadío transcribió un informe del Consejo General del Poder Judicial de España, en el que se manifiesta “la preocupación ante el riesgo de que la serena administración de la Justicia pueda verse perjudicada, creándose una grave confusión y falsas expectativas en la opinión ciudadana a través de un seudojuicio o juicio paralelo al que los medios de comunicación podrían someter a los intervinientes en el proceso”.

El trasfondo es que los peritajes son clave en la disputa entre las dos posiciones que hoy existen:

- TBA sugiere que los frenos funcionaban, que así lo demuestran el GPS y las aceleraciones y frenadas previas, pero que el maquinista se durmió o adormiló y por eso no accionó los distintos frenos y modos de detener la formación.

- El maquinista, Marcos Antonio Córdoba, y su gremio, La Fraternidad, afirman que la tragedia se produjo porque los frenos no funcionaron. Le adjudican la responsabilidad a la falta de mantenimiento de la unidad por parte de la empresa.

Los trabajos periciales tienen enorme peso en la determinación de quién tuvo la responsabilidad en las 51 muertes y los 700 heridos. Otra cosa será la causa civil por las indemnizaciones, en la que aún si el maquinista se durmió, la empresa y el Estado nacional serán responsables.

Los peritos determinaron hasta el momento que los frenos de los últimos cuatro coches funcionaban, pero la conclusión no es definitiva. Habrá que ver los compresores y los sistemas de frenos de los primeros cuatro vagones, los que encabezaban la formación y se estrellaron contra la estación.

En su rechazo a la presentación de un abogado mediático, Bonadío argumentó que un querellante no puede pedir la separación de otro. Eso corresponde únicamente a las defensas de los imputados. Como ya ha ocurrido en otros casos, son varios los abogados mediáticos que tratan de hacer ruido en este tipo de expedientes con el objetivo de conseguir más “clientes”. En este caso, hasta se han hecho presentes en la estación. De por medio, habrá importantes sumas de dinero que, como es lógico, reclamarán las víctimas. En el expediente Cromañón, la Justicia unificó querellas, es decir que no aceptó que actúen todos los que se presentaron. En el caso de la estación Once podrían llegar a intervenir unos 750 abogados. Por lo que se sabe, Bonadío les dará prioridad a las querellas que representen a los fallecidos e incluso dentro de los fallecidos a quienes vivieron las situaciones más difíciles, como la familia Menghini, que buscó a Lucas durante 60 horas.