La jueza Elena Liberatori recibió una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “por presunta responsabilidad en la muerte de un vecino de la Villa 31”. La presentación fue hecha por el Observatorio de Derechos Humanos porteño, en razón del “incumplimiento reiterado de la legislación vigente en relación con la igualdad de derechos que rige en la Ciudad, haciendo notorio que el Ejecutivo porteño discrimina a habitantes de la Ciudad por su condición social, negando la atención de una emergencia médica en la Villa 31, hecho que produjo una muerte”.

El Observatorio se refiere al caso de Gustavo Maldonado, quien murió el 2 de marzo en la Villa 31 Bis al recibir una descarga eléctrica. El hombre agonizó durante 45 minutos, sin que llegara una ambulancia del SAME para asistirlo “a pesar de haber sido notificado de la urgencia” del caso.