El diferendo territorial entre el gobierno formoseño y la comunidad qom (toba) fue analizado ayer en una audiencia pública, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El estado provincial no puede transferir a un tercero un territorio que no tiene desde 1951”, dijo el abogado de la comunidad La Primavera, Julián Langevín, al referirse a las 609 hectáreas en disputa, cedidas por el gobierno a la universidad provincial. El ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, señaló su “voluntad de diálogo” y acusó de “intransigentes” a los qom. “¿Y tienen propuestas?”, inquirió el juez Ricardo Lorenzetti. González no respondió. Detrás, la fiscal de Estado de Formosa, Stella Copes, propuso relevar el territorio qom. “¿Se puede reubicar esa universidad?”, preguntó el juez Eugenio Zaffaroni. Ningún funcionario supo responderle. Tras la audiencia, la Corte debe resolver si en esas tierras puede construir la universidad o si volverá a manos de la comunidad.

Pasadas las 10, en una sala repleta en el cuarto piso de Tribunales, se debatieron durante casi tres horas los sucesos previos a la represión de la policía provincial contra la comunidad Navogoh (La Primavera), el 23 de diciembre de 2010. Ese día, en el corte de la ruta 86 hecho por los qom murieron el indígena Roberto López y el agente policial Heber Falcón. Al otro día sería asesinado otro integrante de la comunidad, Mario López. Cuatro meses antes, el gobierno había iniciado el desmonte y demarcación del predio para instalar un instituto universitario.

“La posibilidad que la comunidad tiene de desarrollar su propia cultura está íntimamente ligada con el territorio que habita hace miles de años. Si no se les garantiza el acceso a la tierra, se produciría su extinción”, dijo Langevín, de la Defensoría General de la Nación, luego de explicar que la relación entre los qom y su tierra es “material y espiritual”. Durante su exposición, utilizó varios mapas para mostrar cómo, a través de los años, perdieron parte del territorio que se les adjudicó en 1940 y se recortó luego en 1951, cuando se creó el Parque Nacional Pilcomayo.

Langevín también reclamó por el derecho de los 3500 niños, niñas y adolescentes de la comunidad: “Hubo chicos de 10 años detenidos el día de la represión; uno recibió una citación judicial por usurpación. Otro de cinco años con problemas de la vista perdió los turnos del hospital, cuando fue no lo atendieron y hoy está ciego por ser pobre, niño e indígena”. Luego describió la situación de la comunidad, que no tiene cloacas ni agua corriente, y exigió centros de acceso a la Justicia con traductores.

“¿La comunidad tiene tierras dentro del Parque Nacional?”, preguntó Lorenzetti. “Sí. Hasta tal punto se invadió que dentro quedó el cementerio de la comunidad y se los apaleaba cuando iban a visitar a sus muertos o a cazar o pescar en la Laguna Blanca, que para ellos es sagrada”, respondió el defensor, quien aclaró que ahora la convivencia es pacífica. “Salvo con la policía provincial, que los amenaza y agrede, por eso queremos que se mantenga la vigilancia de Gendarmería.”

Cuando expuso la fiscal formoseña Stella Copes, se veían en las pantallas imágenes de distintas comunidades originarias de la provincia. “Hay 199 comunidades en Formosa, que hablan tres lenguas con sus distintas variedades y tenemos excelentes relaciones con todas. Y no quiero con esto minimizar el reclamo de un sector de la comunidad La Primavera constituido por 1900 habitantes. Dimos 312 mil títulos de propiedadm, pero quiero que sepan que somos una provincia marginada y pobre...”, decía cuando fue interrumpida por Lorenzetti. “Aboquémonos al caso”, le pidió.

Entonces Copes dijo que en 1985 se entregaron escrituras a la comunidad La Primavera e hizo pasar al encargado de mensurar esas tierras, quien aseguró que los qom no ocupaban el área donde se piensa instalar la universidad. “Este predio fue vendido al Estado por la familia Celía, que son los ocupantes legales”, informó. Los Celía ocuparon esas tierras y los qom, tal como surgió de la audiencia, tuvieron buena relación con estos criollos hasta que éstos alambraron y no los dejaron pasar a cazar.

Luego, cuando el ministro de Gobierno habló de las bondades de su administración, el juez Juan Carlos Maqueda le pidió que fuera al grano. González insistió en que “el único” conflicto con pueblos originarios es el de La Primavera. “Es una comunidad dividida, no todos están representados en la mesa de diálogo, la familia Celía debería estar”, dijo. Y agregó que quienes litigan y eligieron como representante al cacique Félix Díaz no forman parte de la asociación civil titular de las tierras.

“Si toda esa gente invoca la representación (de Díaz), ¿hay que ir al gobierno nacional para a ver que existe esa comunidad?”, objetó Zaffaroni, despertando un aplauso de quienes ocupaban la sala y el hall contiguo, desde donde se seguía la audiencia por una pantalla. La mención al gobierno nacional se debe a que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sí reconoce a Díaz y los suyos. Más allá de la propuesta del relevamiento propuesto por Copes, no se oyeron otras iniciativas por parte del gobierno formoseño.

El rector de la Universidad de Formosa, Martín Romano, se limitó a responder que no le compete decidir si se puede trasladar el predio en cuestión. Luego el titular del INAI, Daniel Fernández, informó que en Formosa aún no se hizo el registro nacional de comunidades por falta de un acuerdo operativo con la provincia. En representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvina Zimerman exigió que se respete “el derecho a la tierra y el territorio” de los pueblos originarios.

“Tiene cinco minutos”, le informó Lorenzetti a Félix Díaz, antes de que suba al estrado. El cacique agradeció la oportunidad de usar su voz y dijo: “Somos las víctimas de la política de Estado para justificar los despojos que se nos hace año a año”. Luego comentó que en los cuatro meses de corte de ruta en Formosa ningún funcionario local se acercó a hablar con ellos y por eso trasladaron el reclamo a Buenos Aires, tras la represión. Sin dejar de mirar a los jueces, Díaz preguntó: “¿Cuándo capacitaron a los indígenas para ejercer sus derechos?”.

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