El método del suicidio a terceros, aplicado asiduamente por los diversos servicios penitenciarios, llega esta vez (una de las pocas y escasas) a juicio con otra calificación legal que la más simple de acusar al muerto. Mañana, tres penitenciarios, entre los que se encuentra el ex director de la U29 de Melchor Romero, serán enjuiciados por “abuso sexual y tortura seguida de muerte” de Luis Angel Gorosito. Para llegar a esta instancia, obviamente, hizo falta que los diferentes engranajes judiciales funcionaran como se supone que deben funcionar, incluyendo especialmente a quienes realizaron el peritaje que demostró que Gorosito había sido violado y quemado. Que sea uno de los pocos casos que llegan a juicio oral con acusados reconocidos e imputados por el crimen, indica que el funcionamiento que se supone no es el que ocurre por hábito.

Luis Angel Gorosito Monterrosa se encontraba detenido en el penal de máxima seguridad de Melchor Romero, la U29, celda 10 del pabellón 3, en 2004. Se encontraba alojado allí con una orden judicial de custodia en un régimen cerrado para evitar agresiones, ya que llegaba de la U24 de Varela luego de denunciar al SPB.

Según el informe del entonces director de la U29, Eduardo Humberto Martino, el sábado 24 de abril de ese año, a las 17.20, el subalcaide José Pedrozo detectó durante su recorrida en el pabellón 3 “un foco ígneo, ingresando inmediatamente al lugar, pudiendo constatar que el interno de marras (...) producía dicho foco, incendiando el colchón y la manta, produciéndose lesiones en su cuerpo. Por lo cual mediante el uso de elementos de lucha contra incendios (manguera) se sofocó el mismo. Seguidamente se ingresó en la celda del causante y se lo condujo a la sección sanidad... derivándolo al Hospital Alejandro Korn”. Dos días de dolorosa sobrevivencia después, Gorosito murió.

El parte penitenciario fue sostenido por la comisaría actuante, que envió al fiscal la confirmación de que “el interno Gorosito Monterrosa se prende fuego autolesionándose... presenta 65 por ciento de quemaduras en el cuerpo”.

El camino estaba abierto para actuar según las costumbres y archivar por suicidio. Daba la casualidad de que el mismo día de su muerte, Gorosito tenía audiencia por la denuncia que había presentado contra el SPB. Un año después, el minucioso análisis de Virginia Créimer y Miguel García Olivera, por entonces peritos de la Asesoría Pericial de La Plata, determinó que no sólo no se trataba de un suicidio sino que había sido violado (determinó restos de semen y lesiones en el ano) antes de ser rociado con algún combustible y prendido fuego. La zona de las quemaduras, la espalda y el recorrido del fuego siguiendo el imaginario reguero del combustible al deslizarse sobre el cuerpo de Gorosito determinaron a los peritos que la víctima había sido violada y prendida fuego mientras se encontraba en “posición mahometana”, es decir, rodillas al piso y el mentón también tocando el suelo, con las manos sujetas por algún mecanismo.

Al caso también le tocó en suerte que el fiscal de turno, Marcelo Martini, atendió el peritaje, investigó, determinó que la cámara de seguridad de la celda había sido desconectada al momento del supuesto suicidio, y que los presos del pabellón 3 fueron desplazados a otro pabellón antes del incendio. Como resultado, imputó al responsable del pabellón, Sergio Chaile, de los delitos de torturas seguidas de muerte (perpetua); al inspector de vigilancia, José Pedroso por la omisión de evitar la comisión del delito de torturas (3 a 10 años); y al director del penal, Eduardo Martino, porque como responsable del penal no evitó que se produjeran los delitos (6 meses a 2 años). Independientemente, cinco años después, la Justicia del Fuero Contencioso Administrativo condenó al Estado bonaerense a pagar 115 mil pesos a la madre de Gorosito (su abogado, Manuel Larrondo, había solicitado 800 mil).

Al pedir la elevación a juicio, Martini destacó por escrito las dificultades que sufrió al investigar, por encubrimientos del SPB, incluyendo un recorte de 30 minutos al video de seguridad, realizado “sin ningún empacho”.

Ese mismo año, otro caso, el de Sergio Jaramillo, no tuvo la misma suerte. También con fecha de audiencia por denuncias contra el SPB, y supuestamente custodiado por orden judicial en la U23 de Varela, Jaramillo apareció ahorcado horas antes de que el camión de traslado lo pasara a buscar para llevarlo al juzgado.

Mañana, a las 9, el Tribunal Oral Nº 4 de La Plata, en calle 8, entre 56 y 57, dará inicio al juicio en el que la familia de Gorosito será representada por los abogados Javier Percow y Juan Manuel Combi, del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria.

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